OVIEDO, 10 (EUROPA PRESS)
El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, ha anunciado este lunes que su grupo pedirá la comparecencia en la Junta General del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Roberto Fernández Llera, y el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, con relación al informe de fiscalización de cumplimiento sobre las subvenciones nominativas del sector público autonómico, en el ejercicio 2023.
En rueda de prensa en sede parlamentaria, el parlamentario ha criticado “la ausencia de control del Gobierno de Barbón respecto a las subvenciones nominativas del sector público autonómico”, añadiendo que el informe “es demoledor”.
Así, considera que el consejero debe dar “las oportunas explicaciones y aclarar la falta de voluntad política del Gobierno de Barbón para ejercer ese control”.
Para Cuervas-Mons hay “falta de control por parte intervención general”. Cree que “influirá la falta de medios” pero entiende que “en muchas áreas no hay interés del Gobierno en ejercer ese control, si no las recomendaciones se cumplirían y no se hace”.
“El Gobierno asturiano hace caso omiso a las recomendaciones contenidas en los informes de nuestro máximo órgano fiscalizador”, ha apuntado, remarcando que “en ninguno de los expedientes hay evidencia de la justificación de la elección del proceso de concesión directa de las ayudas, frente al procedimiento ordinario de concurrencia competitiva”.
Asimismo, señala que “salvo en dos casos, tampoco ha evidencia de que se haya comprobado que se haya realizado la actividad para la que se concedió la subvención, y en el 85 por ciento de los expedientes analizados no hay constancia de la valoración del órgano gestor respecto a la idoneidad del proyecto presentado por el beneficiario”.
José Cuervas-Mons apunta, también que “el 82 por ciento de estas subvenciones tienen carácter recurrente, y el 75 por ciento han sido concedidas repetidamente, al menos, en los últimos cuatro años, cuando el informe resalta que debería de tratarse de una medida puntual de estímulo y promoción”.
“Esta política, tan generalizada en el Gobierno de Barbón, choca con el espíritu de la Ley de Subvenciones”, recalcó, incidiendo en que “en casi el 40 por ciento de los casos no existe un informe que acredite las actuaciones de comprobación y en el 60 por ciento restante, la Sindicatura concluye que el contenido de los informes no es el adecuado”.
Del mismo modo, apunta que en las consejerías de Transición Ecológica, Salud, Fomento y Medio Rural “se han detectado casos en los que el órgano concedente forma parte de los órganos de decisión de los entes beneficiarios, como pueden ser patronatos o consejos de administración”.
“En estas situaciones, tienen la obligación de abstenerse al dictar la resolución de concesión, y no lo han hecho, por lo que se ha incumplido la ley de Régimen Jurídico del Sector Público”, dice.
- Te recomendamos -
