MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios han aprobado este lunes elevar a comisión el informe final para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge más de 460 medidas, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
En este sentido, la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género han acordado por mayoría elevar a la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género el informe final. Este documento es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo.
A partir de este momento se abre un plazo de 72 horas para la presentación de votos particulares, que se debatirán, conjuntamente con el informe final, en la reunión que la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género convocará próximamente.
Así, entre las medidas aprobadas, los grupos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Esta Ley apuntan que establecerá “mecanismos adecuados” para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito. Además, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento.
También piden modificar la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, “para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata”.
Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ellom piden que se entienda como “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.
Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, “difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)”.
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