Quieren evitar que la Audiencia Provincial tumbe la decisión como hizo con los registros de Barrabés
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Las acusaciones populares del ‘caso Begoña Gómez’ –a excepción de Vox– han recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de cambiar la condición de testigo a investigada de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para que “aporte mayor motivación y argumentación” en su decisión con la que, matizan, están absolutamente de acuerdo.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la dirección letrada de las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, resalta que así busca evitar que la Audiencia Provincial de Madrid anule la resolución al igual que anuló “ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas, o su urgencia”.
“Así ha ocurrido, por ejemplo, con el auto de 4 de febrero, a través del cual la Audiencia Provincial ha acordado la nulidad del auto de 27 de agosto de 2024 por el cual se ordenaba el desprecinto, clonado y volcado de los efectos informáticos en la diligencia de entrada y registro de los domicilios de Juan Carlos Barrabés y de su grupo de empresas”, ha explicado.
Al hilo, lamenta que en el auto de 28 de enero por el que imputaba a Álvarez, Peinado “simplemente señala de forma sucinta que de las diligencias hasta ahora practicadas, en conjunción con la declaración testifical de Cristina Álvarez, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”.
Explica que, a pesar de estar “totalmente de acuerdo con la decisión tomada”, considera que la resolución judicial “debería contener mayor argumentación”, máxime “cuando, precisamente, acordó lo contrario unas semanas antes”. “Es fundamental exteriorizar dichas razones con el fin de paliar el potencial peligro de una nulidad que dejase sin efecto diligencias fundamentales para la adecuada progresión de la causa”, añade.
DOADRIO Y LA LISTA DE TRABAJADORES DE MONCLOA
En este punto, Hazte Oír indica que ese auto debería recoger la remisión a las actuaciones de la relación de puestos de trabajo de Moncloa, así como la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del nombramiento de Álvarez porque “hacen ver que su categoría profesional de ‘directora de Programas’, al servicio del Gobierno, es totalmente incompatible con su supuesta actuación como asesora de Begoña Gómez”.
“Determina que, en efecto, la investigada Gómez estuviera haciendo uso, para sus negocios particulares, de una persona contratada para el exclusivo servicio del Gobierno, y que por tanto su intervención constante en los negocios de Begoña Gómez hacen que pueda ser partícipe del delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, además de incurrir en un posible delito de malversación”, subraya.
También se fija la acusación popular en la declaración testifical del exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, quien, recuerda, “aludió a ella como persona de confianza de la investigada”.
“En su declaración, manifestó que tiene más de cien correos electrónicos con Begoña Gómez y con su asistente, Cristina Álvarez. De hecho, señaló que Álvarez era la persona de confianza de Begoña Gómez, que siempre iba con ella a la Universidad Complutense de Madrid e incluso que le indicó que le enviará a ella directamente los e-mails”, recuerda.
Y concluye señalando que “dado el estado actual de la causa, resulta evidente que Álvarez pudo jugar un papel muy relevante en los hechos investigados, en tanto que actuaba como asistenta personal de Gómez”.
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