SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha incluido en el orden del día de la sesión programada para este próximo martes, 11 de febrero, el recurso que 50 senadores del Grupo Socialista interpusieron en 2020 contra el primer gran decreto de simplificación que, en marzo de aquel año, aprobó el Consejo de Gobierno andaluz que por entonces conformaban en coalición el PP-A y Ciudadanos (CS).
No es la primera vez que este decreto figura en el orden del día de una sesión del Pleno del Tribunal Constitucional como asunto para “primera deliberación”, puesto que ya se incluyó hace ahora tres años, en febrero de 2022, si bien la resolución sobre este recurso sigue aún pendiente.
De esta manera, en el orden del día del Pleno del Constitucional convocado para este próximo martes, consultado por Europa Press, vuelve a figurar como asunto para primera deliberación el referido recurso promovido por senadores del Grupo Parlamentario Socialista e interpuesto frente al Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
Según detalla también el orden del día del Pleno, el magistrado designado como ponente de esta sentencia del TC es Enrique Arnaldo, que fue elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados tras ser propuesto por el PP.
ALCANCE DEL DECRETO
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 9 de marzo de 2020 –dos días antes de la declaración de la pandemia de Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– este decreto de simplificación que afectaba a 21 leyes y seis decretos e incluía un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.
Desde el Gobierno de PP-A y Ciudadanos explicaron en su momento que esta reforma legal, coordinada por la entonces Consejería de Transformación Económica, se enmarcaba en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la Junta en esa legislatura para “atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente”.
Sin embargo, desde el PSOE de Andalucía justificaron la interposición de un recurso ante el TC de la mano de 50 senadores al entender que no concurrían “las circunstancias” que avalaran que esa normativa se aprobara mediante un decreto ley, porque no había “ni extrema ni urgente necesidad” para ello, y además criticaron que se hubiera convalidado en “un órgano con la representatividad de los ciudadanos mermada” como la Diputación Permanente del Parlamento, que permaneció activada durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de España para contener la expansión de contagios de Covid-19, cuando se suspendió la actividad parlamentaria ordinaria.
El dictamen jurídico del recurso de los senadores socialistas contra el referido decreto ley fue obra de la catedrática experta en Derecho Constitucional Ana Carmona, y se fundamentaba en causas “de índole sustancial” y de “naturaleza formal”, según se explicó desde el PSOE-A en junio de 2020.
Así, los socialistas entendían que el decreto-ley –convalidado en el Parlamento con los votos de PP-A, CS y Vox– no se ajustaba a la concurrencia” de las circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad” que justifican que se recurra a ese procedimiento legislativo, y había razones de “naturaleza formal” por su convalidación en la Diputación Permanente en “abierta vulneración de la normativa que rige” dicho procedimiento.
El Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez también acordó en 2020 recurrir dicho decreto ante el TC por discrepancias sobre dos artículos de la citada norma, si bien finalmente no prosperó esa iniciativa porque la Junta alcanzó ese mismo año un acuerdo con el Ejecutivo central en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, en virtud del cual el Gobierno de autonómico introducía unas modificaciones en dichos puntos del decreto y el Ejecutivo central retiraba su recurso.
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