CÁDIZ, 7 (EUROPA PRESS)
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha lamentado que un años después de la muerte de dos agentes tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) “todo sigue igual”, ya que “no ha habido avances ni en la dotación de recursos para los agentes ni en la reforma de leyes que permitan combatir con eficacia a estas organizaciones criminales”.
En una nota, la AUGC ha recordado a Miguel Ángel González, que formaba parte de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), y David Pérez, destinado en el GAR (Grupo de Acción Rápida) y han asegurado que estarán “siempre” junto a los familiares de los dos compañeros “exigiendo que se depuren todas las responsabilidades y que se garantice que estos hechos no queden impunes”.
“Ya lo advertimos entonces y lo repetimos hoy: sin refuerzos reales, sin más medios y sin un cambio legislativo contundente, el narcotráfico seguirá dominando nuestras costas”, ha manifestado la AUGC, que ha añadido que “la falta de voluntad política para atajar este problema ha quedado demostrada en estos 12 meses, donde no ha habido avances ni en la dotación de recursos para los agentes ni en la reforma de leyes que permitan combatir con eficacia a estas organizaciones criminales”.
Así, ha asegurado que los guardias civiles “continúan enfrentándose a bandas cada vez más violentas con embarcaciones más rápidas, mejor equipadas y con la certeza de que la ley sigue jugando a su favor”. “Los mismos medios obsoletos, las mismas promesas vacías mientras los delincuentes continúan atacando con total impunidad”, ha incidido la asociación, que ha asegurado que no va permitir “que el sacrificio de nuestros compañeros caiga en el olvido”.
En este sentido, ha asegurado que buscan “garantizar que no se cometa ningún tipo de injusticia con los compañeros asesinados y en el ámbito judicial aún quedan cuestiones fundamentales sin esclarecer”. Por ello, ha indicado que AUGC ha presentado recientemente un incidente de nulidad de las actuaciones en la causa para depurar responsabilidades, esclarecer posibles irregularidades y, si procede, reabrir el caso con el objetivo de que se haga plena justicia.
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