CÓRDOBA, 6 (EUROPA PRESS)
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado este jueves, durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, los resultados del año 2024 en relación con las agresiones a profesionales y, en el caso de la provincia de Córdoba, el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) recoge que en 2024 hubo un total de 36 agresiones físicas y 126 no físicas.
Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, de forma general, en la comunicad autónoma, los datos reflejan un aumento de las agresiones registradas el año pasado del 19%, lo que se interpreta con una mayor sensibilización y conocimiento del propio Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, además del papel clave del profesional guía, que acompaña a la persona agredida desde el momento de la agresión.
En el análisis planteado a las organizaciones sindicales en esta mesa de trabajo se han tenido en cuenta los datos desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, con efecto rebote posterior, dada la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial.
Por lo que respecta a medidas preventivas, desde la Junta han señalado que, “junto a la importante apuesta por la formación y la capacitación, también es importante subrayar el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces”.
En el caso de Córdoba, actualmente cuentan con 4.921 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: 807 cámaras de seguridad, más de 3.200 dispositivos de aviso en consultas y 192 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad.
El Plan habilita también “canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, para que no esté sola momentos después de ser agredida”. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar.
Cabe señalar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los tres años de prisión.
Según ha indicado la Junta, “todas estas acciones y otras muchas, que se incluyen en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS, se realizan siempre bajo una estrecha colaboración y coordinación entre centros sanitarios, delegaciones de Salud y Consumo, Servicios Centrales del SAS y Consejería de Salud y Consumo, facilitando información continua a las organizaciones sindicales”.
Para revertir estos datos y en su “apuesta por la desescalada de las situaciones de violencia”, el SAS refuerza su oferta formativa. Así, los profesionales tienen a su disposición, en el momento de la incorporación, formación específica y de realización obligada en control de situaciones conflictivas y sobre el Plan de prevención de agresiones.
Adicionalmente, en los centros asistenciales se imparten talleres y formación presencial práctica impartida por Policía Nacional, Guardia Civil y funcionarios de instituciones penitenciarias con el objetivo de mejorar las competencias de los profesionales para reconducir situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias.
Desde la Consejería de Salud y Consumo y el SAS se condena cualquier tipo de agresión, tanto física, como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario. Además, el SAS cuenta con diversos instrumentos de lucha contra las agresiones incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la ya citada creación de la figura del ‘profesional guía’.
La misma, “además de acompañar a los profesionales agredidos, dan claves del manejo de situaciones en puntos y situaciones más conflictivos, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla”, y también se da “atención psicológica durante el tiempo que sea necesario, o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo”.
Igualmente, se está trabajando en el proyecto de decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes.
Actualmente se está procediendo a la elaboración del Informe de valoración de las alegaciones e informes preceptivos emitidos y recibidos, así como a la adaptación, en su caso, del texto del citado proyecto a los mismos.
La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, la nueva normativa en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.
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