MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, entregó este jueves al Gobierno balear un archivo digital con los datos recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo sobre las viviendas turísticas en las Islas Baleares que se anunciarían de forma ilícita al no indicar el número de licencia, cuya cifra ascendería a 7.000, esto es el 30% del total.
Así lo precisó Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que mantuvo con el consejero de Turismo, Cultura y Deportes de Baleares, Jaume Bauzà Mayol, y a su visita a la Oficina de lucha contra el Intrusismo para “conocer de primera mano” el trabajo de dicha oficina y las actuaciones en materia de pisos turísticos ilegales y su publicidad, cuya “proliferación” supone, dijo, “un gravísimo problema en Ibiza y en las Islas Baleares, como en muchos otros puntos del país”.
Tal y como explicó su gabinete en un comunicado y confirmó el propio Bustinduy, la Dirección General de Consumo puso en marcha una investigación “exhaustiva” el año pasado sobre viviendas turísticas que se publicitan de forma online sin indicar el número de licencia y este jueves el ministro dio a conocer una serie de datos recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo y que cifran en más de 7.000 las viviendas de Baleares que se publicitan como turísticas sin el número de licencia, lo que supone un 30% del total, que se calcula en al menos 22.000 alojamientos.
Bustinduy quiso dejar claro que el hecho de que una vivienda no indique el número de licencia en el anuncio no significa que no disponga de ella, pero sí recordó que esto constituiría una publicidad “ilícita” en base a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Asimismo, subrayó que, en muchos casos, estas viviendas se anuncian sin licencia porque carecen de ella, lo que supondría un “negocio ilegal” que debe combatirse de forma prioritaria, convencido de que “estas prácticas ilícitas no sólo están dificultando el acceso a la vivienda, también están expulsando del centro de las ciudades a cada vez más vecinos”.
A este respecto, el ministro se refirió también al expediente sancionador que la Dirección General de Consumo abrió en diciembre a una plataforma de alquiler de vivienda por mantener miles de anuncios sobre alojamientos turísticos a pesar de que se les había solicitado que fueran retirados por no ofrecer el número de licencia.
“La situación del alquiler es insostenible en Baleares”, afirmó Bustinduy, que, por esta razón, quiso que el Gobierno balear sea la primera administración autonómica en recibir los datos sobre anuncios de pisos turísticos recabada por la Unidad de Análisis de la Secretaría General de Consumo y Juego.
El archivo entregado ofrece “una radiografía, un diagnóstico de cuál es la situación” e incorpora, según el ministro, “toda la información sobre el tipo de alojamiento, sobre los anfitriones”, razón por el cual, según su punto de vista, se trata de “un recurso valioso” para que aquellas administraciones con “voluntad política suficiente para intervenir, puedan hacerlo” y también “para ejemplificar la cooperación entre administraciones que es necesaria para abordar este problema”.
“Los pisos turísticos ilegales y su proliferación son uno de los principales vectores de la crisis de vivienda que vive nuestro país”, abundó, consciente de que, tras la “proliferación” de estos modelos comerciales “ilegales” y de la “persecución del lucro muchas veces por unos pocos especuladores” se encuentran “decenas de miles de familias que no pueden pagar un alquiler, de los jóvenes que no pueden emanciparse, de parejas que se separan y no pueden rehacer su vida con normalidad como debería ser su derecho”.
En este contexto, reivindicó que las administraciones “deben intervenir”, motivo por el cual concibió la reunión de este jueves como un “ejemplo de cooperación y colaboración” y “una invitación a todas las autoridades, a todos los niveles gubernamentales, para que se tomen en serio este problema e intervengan” con el fin de poder “solucionar” uno de los “principales problemas” que, a su entender, “afecta a la calidad de vida de la ciudadanía”.
“Es la voluntad de cooperación y colaboración entre administraciones la que puede facilitar la labor de inspección y de intervención para poner orden en el mercado de la vivienda e impedir que proliferen modelos comerciales basados sobre prácticas abusivas o ilegales”, prosiguió.
En el transcurso de la reunión también se abordó la nueva investigación que su departamento puso en marcha a finales de 2024 sobre esta cuestión, en este caso para recabar información de grandes gestoras de pisos turísticos. Se trata, recordó Consumo, de empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas autonomías y que podrían estar incurriendo en “prácticas engañosas” como ofrecer información “falsa o que pueda inducir a error” a las personas que quieran alquilar un alojamiento.
Por otra parte, también en materia de vivienda, el departamento que dirige Pablo Bustinduy tiene abierta otra investigación a agencias inmobiliarias por posibles prácticas “abusivas” contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, obligar a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o incluir cláusulas “abusivas”.
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