SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular con la que se reclama al Gobierno la modificación del Programa de Asistencia Material Básica para que no queden excluidas “200.000 personas en situación de vulnerabilidad en Andalucía”.
La iniciativa ha recibido en tres de sus cinco demandas los votos favorables de los grupos Popular y Vox en Andalucía, así como en dos de ellos ha cosechado también el voto afirmativo del PSOE y de Por Andalucía.
Se pide al Ejecutivo nacional que establezca una asignación económica suficiente para “todas las familias vulnerables beneficiarias” del programa, complementando si fuera necesaria su financiación actual que se lleva a cabo con fondos europeos con otros fondos estatales.
Asimismo, se reclama el rechazo de la Cámara “al maltrato que supone para Andalucía, y especialmente para su población más vulnerable, que únicamente se destine a la comunidad el 19% de los fondos del Programa de Asistencia Material Básica” y, por ello, se pide al Ejecutivo nacional que modifique para 2025 la cantidad asignada hasta alcanzar el 25% del total del programa.
Otras demandas son que el Gobierno central incremente los fondos destinados a programas para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones locales, y que la tarjeta monedero llegue a todo el mundo rural y no solo a las ciudades y grandes municipios que cuentan con las principales cadenas de distribución alimentaria.
La defensa de la PNL la ha asumido la portavoz adjunta del Grupo Popular, María Isabel Lozano. El PP-A ha sostenido que resulta del todo “incomprensible que cuando las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social en todo el país, el Gobierno de España adopte medidas que reducen en más de un 70% la cifra de personas beneficiarias de la provisión de alimentos”.
Señala que, de manera “injustificada e insolidaria”, el Gobierno únicamente contempla la provisión de ayuda alimentaria a través de tarjetas monedero para las familias con menores a cargo, “excluyendo a otros colectivos en situación de privación material, como son personas en situación de desempleo, personas con discapacidad, personas mayores y pensionistas con bajas pensiones, personas migrantes o personas sin hogar”.
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