En la operación participaron agentes encubiertos
GIJÓN, 6 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de cinco procesados por el alijo de 600 kilos de cocaína incautados en una nave de Siero en 2022, tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.
Según una nota de prensa del Ministerio Fiscal, ya han presentado el escrito de conclusiones provisionales en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Oviedo.
En este sentido, la Acusación Pública sostiene que el 30 de septiembre de 2022 se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EE UU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.
En el escrito se señalaba que en febrero de 2022, a través de gestiones con Colombia, se identificó a uno de los procesados como jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia.
Las autoridades de Estados Unidos iniciaron una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización del citado procesado, el cual solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.
En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales.
Para ello, el procesado solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, este fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.
El 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados.
El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España.
Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes. Durante la operación, se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.
Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid.
Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.
Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.
Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.
La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.
En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo.
Cuatro de los procesados se encuentran en prisión por esa causa desde el 31 de octubre de 2022, y la quinta en libertad a la espera de juicio.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en forma de sustancias que causan grave daño a la misma, en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización criminal, de los artículos 368, 369.1.5º, 369 bis párrafo 1 y 2, en relación con el artículo 570 bis del Código Penal, otro de depósito de armas de guerra, del artículo 566.1.1º del Código Penal, en concurso con un delito de tenencia ilícita de armas del artículo 563 y uno más de delito de tenencia de armas reglamentadas del artículo 564, a penar conforme al artículo 8.3 del Código Penal y de uno de tenencia ilícita de armas, del artículo 563, 564.2.1º.
En el caso del jefe de la organización la Fiscalía le pide por el delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, la pena de 13 años de prisión y multa de 145.254.194 euros, por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de siete años de cárcel.
Asimismo, para otro de los acusados le solicita una pena, por el delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal de 14 años de prisión y multa de 145.254.194 euros, y por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de siete años de prisión.
Al tercer procesado, por el delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, le pide una pena de 12 años de prisión y multa de 145.254.194 euros, y seis años de cárcel por el delito de depósito de armas de guerra y por el de tenencia de armas, la pena de dos años y medio de cárcel.
En el caso del cuarto procesado, por el delito contra la salud pública le pide una pena de diez años de prisión y multa de 145.254.194 euros y por el delito de depósito de armas de guerra, la pena de seis años de cárcel.
La quinta procesada, se enfrenta a una petición, por el delito contra la salud pública, de siete años de prisión y multa de 145.254.194 euros.
Además de las penas de prisión, se pide para ellos la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a tres años a la de prisión que se solicita, en el caso del delito de tenencia, tráfico y depósito de armas, así como el abono de las costas procesales.
Cabe señalar que durante la investigación se incautaron numerosas armas, incluso granadas y lanzacohetes, así como dinero y diversas cantidades de droga.
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