MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina exigió este jueves un protocolo “interinstitucional y multidisciplinar” contra la mutilación genital femenina y apeló a la “responsabilidad” de todas las administraciones para erradicarla.
Varias representantes de la Red, que agrupa a 26 organizaciones, expusieron sus demandas en un acto institucional con motivo del día Internacional de Tolerancia Cero contra la MGF celebrado en la sede del Ministerio de Igualdad, inaugurado por su titular, Ana Redondo.
Apelaron a los ministerios de Igualdad; Justicia; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Educación; Sanidad; Interior, y Asuntos Exteriores, puesto que se necesita coordinación y cooperación interinstucional para abordar un fenómeno realmente complejo,según explicaron.
En España viven cerca de 80.000 mujeres procedentes de países donde se practica la Mutilación Genital Femenina. De ellas, alrededor de 18.500 son menores, y se estima que unas 2.000 niñas podrían estar en peligro de sufrir esta práctica.
Asha Ismail, de Save a Girl Save a Generation, insistió por ello en “la responsabilidad” de las instituciones para garantizar el abordaje de la mutilación genital femenina, que “debe adaptarse a la evolución de los casos” y a la realidad que viven las mujeres y niñas supervivientes de esta violencia de género y de sus comunidades. Sin embargo, la única medida a nivel estatal es un protocolo que solo incide a nivel sanitario y que no ha sido actualizado desde su implementación en 2015.
CONTRA LOS ESTEREOTIPOS
En su intervención, Ismail llamó a “desmontar estereotipos” sobre el origen de las víctimas porque “es un fenómeno global” que afecta a “todos los países, también a España”. Reflexionó sobre cómo clínicas “llamadas de estética” dedicadas a la “reconstrucción genital” llevan a cabo operaciones (cortar parte de los labios, estrechar la vagina, eliminar el principio del clítoris…) que “son mutilaciones genitales permitidas en España”.
Son prácticas “legales” a las que “se someten mujeres adultas”, destacó, igual que aquellas ya mutiladas que se vuelve a intervenir después del parto. “Lo que cabe preguntarse aquí es por qué hacen eso”, defendió. A su juicio, “es porque han interiorizado que sus genitales son feos” y que, para “gustar a los varones, o para ser parte de su comunidad, deben operarlos”.
“El patriarcado, la cultura… están detrás de todo”, igual que sucede en los más de 90 países donde la mutilación genital femenina es práctica tradicional, señaló.
LEY DE EXTRANJERÍA
Aminata Soucko, de Red Aminata, expuso por su parte las trabas a las que se enfrentan las mujeres migrantes en España que han sufrido mutilación genital o cualquier forma de violencia de género. “Si no denuncian, no pueden acceder a muchos de los recursos de alojamiento y de atención”, afirmó.
“¿Cómo denunciar al marido si dependen de él para mantener la reagrupación familiar? ¿Cómo denunciar a una mafia sin garantías de protección?”, se preguntó.
Fátima Djarra, de Médicos del Mundo, exigió “celeridad y cambios” en la tramitación de las solicitudes de asilo y residencia porque “mientras se resuelven las mujeres y las niñas sufren matrimonios forzosos, mutilación genital y todo tipo de violencias”
Aunque el reconocimiento de la condición de víctima da derecho a un permiso, admitió, pueden pasar meses e incluso años sin respuesta. “¿Cómo sobreviven mientras tanto?”, insistió.
También destacó la importancia de las mediadoras culturales, que “manejan claves” para que las mujeres migrantes comprendan los procesos administrativos, sanitarios y judiciales, e instó a las administraciones a promover su participación. Asimismo, demandó más intérpretes y ofrecer formación especializada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los agentes jurídicos.
En la jornada se abordó además cómo actuar en las comunidades para erradicar la MGF y concluyeron que, recursos económicos aparte, la palabra clave es ‘convencer’. A los varones, a los líderes comunitarios, a las propias mujeres, a las ‘cortadoras’ o profesionales que se dedican a ello, a los sanitarios que la practican en hospitales, a las familias que presionan y al entorno que la normaliza. “Todos deben rechazarla”, coincidieron.
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