MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de Europol, han desmantelado una organización criminal que defraudó 184 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos durante los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
Según informó el Instituto Armado este jueves, la ‘Operación Quíone’ se ha saldado con 11 personas detenidas y otras ocho investigadas, al tiempo que se han llevado a cabo 19 entradas y registros en diferentes provincias.
Durante los registros, los investigadores inmovilizaron siete millones de euros en criptoactivos y solicitaron el bloqueo de otros 19 millones. También se intervinieron 150.000 euros en efectivo, cuatro vehículos a motor, documentación y dispositivos informáticos.
Las actuaciones se iniciaron tras detectarse indicios de fraude, que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que abrió las oportunas diligencias. Las pesquisas se centraron en una sociedad que presuntamente se dedicaba a acumular cuotas defraudadas de IVA.
ESTRUCTURA CRIMINAL COMPLEJA
La organización utilizaba un amplio conglomerado empresarial que operaba de manera coordinada para ejecutar y ocultar el fraude, en el que se hacían movimientos de facturación y combustible para tratar de simular actividad legal.
Los investigadores detectaron sociedades específicamente destinadas a acumular las cuotas de fraude, evadiendo el pago del IVA a las arcas públicas. Todas las empresas actuaban bajo una clara unidad de acción dirigida por los cabecillas.
Al frente de las sociedades figuraban testaferros que seguían las órdenes de los verdaderos dirigentes y beneficiarios últimos de la trama criminal, según las pesquisas realizadas por los investigadores.
Los registros se efectuaron el pasado 4 de febrero en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real, con participación de distintas unidades especializadas.
APOYO INTERNACIONAL
La operación contó con el respaldo de Europol, que desplazó a España una oficina móvil con un experto y medios técnicos para analizar dispositivos informáticos incautados durante los registros. Por parte española participaron efectivos de la UCO, la Agrupación de Reserva y Seguridad, la Unidad Técnica de Policía Judicial y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
También intervinieron funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), la Unidad de Auditoría Informática y dependencias de Inspección de Madrid y Zaragoza de la Agencia Tributaria.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
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