Parar proyectos urbanísticos en zonas inundables y reorientar el turismo a la nueva realidad y sancionar la desinformación, entre las propuestas
VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)
La amenaza que el cambio climático supone para la existencia del ser humano hace que sea “urgente acordar para la próxima década nuevas estrategias de adaptación, mitigación, anticipación y regulación”. Dicha urgencia “adquiere tintes dramáticos para el caso de las regiones mediterráneas, donde el desequilibrio es mayor” y, en consecuencia, la necesidad de acciones públicas para afrontar situaciones extremas resulta “perentoria”.
Así lo advierten los y las participantes en la I Conferencia de Expertos sobre Cambio Climático en el Mediterráneo Ibérico, encuentro que se ha celebrado en la Universitat de València y que ha dado como fruto un documento de recomendaciones. Este trabajo recoge un total de 82 recomendaciones elaboradas por un total de 73 investigadoras e investigadores, con más de 30 años de experiencia, procedentes de 15 universidades y centros de investigación. Divido en un total de 13 áreas temáticas, ofrece entre 5 y 6 recomendaciones para “una gobernanza inteligente”.
Las voces expertas creen que es “más que evidente que la superación de récords de magnitud en los episodios se va a producir cada vez con mayor frecuencia” por lo que “es el momento de revisar la relación con la naturaleza, de abandonar inercias culturales y administrativas y de repensar políticas”.
Un ejemplo es que la temperatura de las aguas del Mediterráneo ibérico ha aumentado en 1,5ºC en los últimos 40 años, observándose un incremento acelerado en la última década. Un mar más cálido “supone una mayor cantidad de energía en el sistema, lo que incrementa el riesgo de episodios de precipitaciones muy intensas, como la dana de octubre de 2024”, sostienen.
En este contexto, proponen la elaboración de planes de adaptación al cambio climático en la escala regional, metropolitana y local; adaptar la planificación del agua; desarrollar programas de adaptación a corto y medio plazo para las actividades económicas más expuestas a los efectos del calentamiento climático (agricultura y turismo); abordar con enfoques estructurales la gestión de zonas costeras y los previsibles efectos de los temporales en el litoral; anticiparse a los efectos que el cambio climático tendrá sobre la salud; revisar y actualizar los protocolos de gestión de las emergencias; incorporar la educación en cambio climático y en la gestión del riesgo y de la emergencia en los currículos en todos los niveles; y progresar hacia formas de gobernanza que recuperen principios esenciales como lealtad institucional y sentido de Estado.
“Nuestras acciones hoy van a determinar nuestro futuro a nivel global, de España y de las comunidades que abrazan el Mediterráneo. Un futuro que, de seguir tal cual, se entrevé plagado de riesgos significativos y crecientes en todos los sectores socioeconómicos. Se trata, por tanto, de actuar decididamente en línea con la sostenibilidad, la disminución del consumo de recursos y la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la auténtica acción por el clima”, remarcan.
Entre las acciones concretas, los especialistas reclaman una política turística “en consonancia con la nueva realidad climática”. A su parecer, se debe diversificar la oferta de productos en base a la incorporación del patrimonio cultural y natural de los destinos, la creación de productos experienciales y la integración del entorno inmediato de los destinos.
Además, hay que adecuar los productos turísticos a horarios que eviten los momentos de calor extremo y desincentivar los proyectos turísticos vinculados a asentamientos de baja densidad. En cuanto a la promoción, se debe orientar a mercados de proximidad y desincentiven los viajes de larga distancia, especialmente los de corta estancia. Esto debe ir acompañado de campañas de sensibilización al turista sobre su huella de carbono, así como de la información sobre la oferta de movilidad más sostenible en el destino.
INCENTIVEN VIAJES FUERA DE TEMPORADA DE VERANO
También abogan por productos y formas de aprovechamiento de los recursos que incentiven los viajes fuera de la temporada de verano. La adaptación de establecimientos turísticos e infraestructuras al cambio climático, la creación de un Centro de información y coordinación de la acción climática en turismo y la renaturalización y restauración de áreas costeras son otras de las ideas.
En cuanto a la actuación ante los eventos extremos, dividen las medidas entre urgentes y a medio y largo plazo. Las que deberían aplicarse inmediatamente son la revisión de la cartografía oficial de peligrosidad “calculada con modelos que minusvaloran la peligrosidad de la avenida” y delimitar oficialmente zonas para la protección activa del territorio frente a la inundación; no reconstruir ni volver a habitar zonas gravemente afectadas por crecidas extraordinarias o por temporales marítimos en la franja costera y la paralización de los proyectos urbanísticos en tramitación que contemplen edificación en zonas con riesgo de inundación hasta que no pasen por un nuevo procedimiento de análisis del riesgo.
Igualmente, apuestan por sistemas de sanción a la desinformación o al engaño a población que utilicen las redes sociales en situaciones de emergencia (vulnerabilidad comunicativa) y establecer y, en su caso, mejorar la capacidad predictiva de los sistemas de alerta temprana y seguimiento.
Entre las medidas de corto plazo (cinco años), figuran prohibir la calificación como urbanizable de los terrenos cuya peligrosidad se ha mitigado tras la construcción de una obra estructural.
Por último, a medio plazo (diez años), piden promover en zonas inundables códigos de edificación que favorezcan que las plantas bajas de los inmuebles no sean habitables, queden expeditas o tengan comunicación con plantas superiores; preparar una cartografía síntesis (estatal y regional) de zonas de muy alto riesgo ante inundación y ante oleajes en primera línea de costa, que permita establecer medidas específicas de protección; revisar el planeamiento municipal existente en los municipios del litoral mediterráneo español para adaptarlo a la nueva realidad climática y elaborar un decreto-ley que obligue a esta revisión en el planeamiento urbano anterior al año 2000.
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