SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha censurado este miércoles ante el Pleno del Parlamento los “bulos y mentiras” de los partidos de la oposición sobre unos ceses en la Intervención General de la Junta que ha enmarcado en la “normalidad”, desvinculándolos del asunto de los contratos de emergencia del SAS.
En una comparecencia a petición de los cinco grupos sobre los cambios que se han producido en la Intervención General, la consejera ha querido dejar claro que “nunca antes” la administración andaluza había estado sometida, por iniciativa propia, “a tantos filtros de control ni a tantos procesos de supervisión interna”.
La Junta cuenta, según ha señalado, con una intervención con más y mejores mecanismos de control y fiscalización en la gestión de los recursos de todos los andaluces.
España ha querido dejar claro que el cese de María Antonia González Pavón como interventora general de la Junta que se produjo el 8 de enero fue “a petición propia y por motivos personales”, y ha indicado que ella está “de acuerdo” con las palabras de la actual secretaría general del PSOE-A y vicesepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cuando, en su etapa como consejera de Hacienda en la Junta, ante los ceses de interventores generales que se produjero, lo calificaba de “normalidad”.
Ha destacado que la “vocación pública y el trabajo al frente de la intervención durante estos años” de González Pavón “ha sido intachable”.
Respecto a los posteriores cambios producidos en la Intervención General de la Junta de Andalucía, con cuatro ceses, ha señalado que todos ellos ocupaban “puestos organizativos de máximo nivel, son puestos de libre designación”. “Estos cambios, hay que entenderlos dentro del proceso normal de reorganización de los equipos, es decir, hay un nuevo interventor general y tiene derecho a hacer su equipo”, ha indicado España, respecto a la llegada de Miguel Ángel Figueroa Teva al frente de la Intervención General.
Ha recalcado que esos ceses, “en ningún caso, se han producido por motivos disciplinarios”, sino que “todos los cambios obedecen a una reestructuración organizativa de la Intervención y a una necesidad de renovar los equipos”.
Asimismo, la consejera ha puesto de manifiesto que, entre el año 2015 y el año 2024, se han producido “473 cambios en la intervención”, una media de entre 70 y 80 cambios al año. Ha aclarado además que no se ha producido ningún cambio en la intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde continúan trabajando los mismos interventores.
Ha insistido en que “ninguno de los interventores que han cesado tienen ninguna responsabilidad ni ninguna competencia en relación con el Servicio Andaluz de Salud”, cuyos contratos de emergencia han sido llevados por el PSOE-A a los tribunales.
España ha considerado que el “ruido mediático” en relación con los cambios en la Intervención obedece a que está “en un proceso de transformación tras la creación del cuerpo superior de interventores y auditores” y se están negociando las retribuciones de los funcionarios.
Ha señalado que el Gobierno andaluz hará “todo lo necesario para reforzar la Intervención” y que haya un acuerdo, apuntando que las las “retribuciones tienen que ser acordes a la responsabilidad y al desempeño de funciones”. Ha manifestado que ni la ley ni el reglamento recogen nada al respecto, y se puso de manifiesto la conveniencia de retribuir de una forma adicional esta mayor especialidad y esta mayor responsabilidad.
Se trataría, según ha explicado, de un complemento específico, pero para “los que justifiquen la firma, es decir, los que firmen el informe; no todos con carácter general”. Además, ha dicho que hay que conciliar, de alguna forma, “estos complementos con el principio de igualdad con el resto de los funcionarios que también desempeñan tareas de responsabilidad y dentro del marco presupuestario”.
Ha expuesto que todos los interventores cesados de sus puestos organizativos siguen trabajando en la Intervención dada su calidad de funcionarios, y que los nuevos nombramientos “se hacen con arreglo a los requisitos establecidos para los niveles 30 de la Intervención General de la Junta de Andalucía”. Es decir, ser funcionario de carrera, con tres años mínimos de experiencia en el área de Intervención y Hacienda Pública.
España ha defendido que el actual Gobierno andaluz ha ido incrementando “los mecanismos de control interno, ha mejorado los procedimientos y afianzado la labor de la Intervención General”, y ha dicho que “se han promovido los cambios normativos encaminados a que los mecanismos funcionen y a que la administración andaluza sea más responsable y transparente”.
Tras la intervenciones de los grupos, ha acusado a la oposición de no decir ni una “sola verdad”, sino de lanzar “bulos y mentiras”, y ha recalcado que en la intervención del SAS no se ha producido ningún cese. Ha dicho al PSOE-A que cuando gobernaba en Andalucía, fue “fulminado” el interventor que “dio alguna pista de los ERE”.
A su juicio, el PSOE-A tiene una “losa muy pesada”, la de la “corrupción” en Andalucía, que se la han “llevado” para el Gobierno central, a la vista de los casos que se están viendo.
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS
En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A María Márquez ha dicho que la consejera “es experta en medias verdades”, y ha mostrado su preocupación por que desde el Gobierno andaluz se pretenda “boicotear la investigación de la justicia” sobre los contratos de emergencia del SAS de los que alertó la anterior interventora general, cuya comparecencia han solicitado en el Parlamento.
Ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno está “desmantelando la sanidad pública” porque “ha decidido políticamente fomentar la privada”, como si Andalucía “fuera su cortijo”. Ha dicho que lo que está ocurriendo en el cuerpo de interventores es un “escándalo” y n “lío monumental”.
La diputada de Vox Cristina Alejandra Jiménez ha hablado de “una crónica de un cese anunciado de quienes velan por el cumplimiento de la legalidad”, hecho que ha atribuido a que el Gobierno andaluz “tiene miedo porque sabe que han hecho las cosas mal y teme un castigo”. Ha dicho a la consejera que la exinterventora general hizo un informe de actuación del año 2022 sobre “un fraccionamiento masivo para sortear la Ley de Contratos, y usted hizo caso omiso”.
La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha acusado a España de que “falta a la verdad, refutada por las personas mencionadas”. Se ha mostrado segura de que los ceses en la intervención obedecen a “funcionarios que se niegan a firmar que los burros vuelan y, si no, te enseñan la puerta”. “Quieren una Intervención afin, que tengan tragaderas de decir que hacen las cosas bien”, ha remachado.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado que el cese de la responsable de la Intervención y de otros cuatro responsables de áreas supone “un mensaje a todos los trabajadores: el que habla, cae”. Ha alertado de una “ley del silencio, una omertá”, y de la “siniestra habilidad” del actual Ejecutivo “de unir sanidad y corrupción”.
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, ha considerado que estamos ante un ejercicio de “revanchismo político, de sacar a Andalucía del carril de la moderación”, para plantear que “no hay contenido injusto” tras la investigación del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde el PSOE-A ha planteado la denuncia sobre contratos de emergencia. Ha criticado la ausencia de “propuestas” de la oposición sobre “mejorar la fiscalización previa o el control financiero permanente, o las auditorías de cumplimiento”.
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