MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Un total de 40 organizaciones europeas han enviado una carta a la Comisión Europea en la que han pedido que se garantice que la clasificación de país en el marco del Reglamento europeo sobre Deforestación no se basa en “intereses políticos o comerciales” sino que “refleja objetivamente los riesgos reales de los Derechos Humanos”.
En concreto, se lo han pedido por carta a la Comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; la de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; la de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswal; el de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela; y el de Comercio y Seguridad Económica, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maros Sefcovic.
En el texto, las organizaciones han reclamado que la metodología de clasificación de países prevista en el Reglamento (de nombre oficial, ‘Reglamento relativo a la comercialización de materias primas y productos asociados a la deforestación y a la degradación forestal’) considere las violaciones de los derechos humanos y los riesgos de ilegalidad desde el principio para todos los países y que no use las sanciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como criterio principal o único para determinar si un país o partes del mismo son de alto riesgo.
A su vez, han pedido que la normativa tenga en cuenta la degradación forestal junto con la deforestación; así como las tendencias de producción de todas las materias primas en el marco del Reglamento. En este sentido, también han insistido en que no se caractericen indebidamente los acuerdos comerciales como neutralizadores de riesgos de deforestación, ilegalidad y violación de derechos.
De forma paralela, las organizaciones integrantes de la Alianza Cero Deforestación, entre las que se cuenta Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han exigido al Gobierno español que solo acepte una metodología que permita una clasificación de los países basada en criterios objetivos que reflejen los riesgos reales de vulneración de derechos humanos, de degradación forestal y deforestación.
Las organizaciones firmantes de la carta enviada a Comisarios Europeos han mostrado su preocupado por el hecho de que la Comisión “haya reiterado en varias ocasiones que la mayoría de los países serían calificados como de bajo riesgo” y que “algunos representantes hayan sugerido que sólo los países sometidos a algún tipo de sanción de la ONU serían etiquetados como orígenes de ‘alto riesgo’ para los productos regulados por este reglamento”. A su juicio, esto no solo pone en entredicho la objetividad del proceso, sino que reduce los controles y deja vía libre a la comercialización de productos vinculados a la deforestación y a graves vulneraciones de derechos humanos.
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