ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, por la tenencia ilegal de 18 tortugas –en peligro de extinción y en situación de vulnerabilidad– en Elche (Alicante) y que el instituto armado ya ha intervenido.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvo conocimiento de la entrega de ocho ejemplares de tortugas mediterráneas y otras diez de moras, de las especies ‘Testudo hermanni’ y ‘Testudo graeca’, respectivamente, en un centro de recuperación de fauna de la provincia.
Ambas están catalogadas amenazadas y protegidas por la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), al estar unas en peligro de extinción y otras en situación de vulnerabilidad, según ha indicado el instituto armado en un comunicado.
Ante estos hechos, los agentes iniciaron una serie de gestiones para identificar al responsable de la entrega y determinar la procedencia de los ejemplares.
Durante las pesquisas, se constató que entre las tortugas intervenidas había parejas adultas reproductoras y crías de distintos años de nacimiento.
Una vez confirmaron que estas especies están catalogadas como amenazadas en peligro de extinción a nivel nacional y vulnerables según la legislación internacional, procedieron a su intervención.
Tras diversas indagaciones, los agentes identificaron el lugar de origen de los animales, una casa de campo en Elche, donde se comprobó que habían sido obtenidos a través de cría en cautividad o cesiones de terceros.
PENAS DE CÁRCEL O MULTAS
Dado que la posesión, cría, comercio o tráfico de estas especies está estrictamente prohibida, el pasado 15 de enero se procedió a la investigación del propietario de la finca, de 65 años, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna.
Además de remitir el atestado policial al juzgado de guardia de instrucción del partido judicial alicantino, se ha puesto el caso en conocimiento de la Delegación de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante, por la posible existencia de una infracción de contrabando.
Por estos hechos, el investigado se enfrenta, según el artículo 334 del Código Penal, a un delito por tráfico ilegal con especies protegidas de fauna silvestre, castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o una multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
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