MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
Un total de 40 organizaciones europeas, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Human Rights Watch y WWF, han enviado una carta a varios comisarios europeos en la que plantean que el Ejecutivo comunitario priorice los “riesgos reales” para el medio ambiente y los derechos humanos en la clasificación de países sobre la deforestación.
El Reglamento sobre Deforestación de la UE (EUDR, por sus siglas en inglés) permite a las empresas vender determinados productos en la Europa comunitaria si sus proveedores aseguran que proceden de zonas en las que no se han talado árboles, con el fin de luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Los productos cubiertos son el cacao, el café, el aceite de palma, la carne de vacuno, la soja, el caucho y la madera. También se incluyen productos derivados que contienen, han sido alimentados o han sido elaborados con los productos básicos mencionados, como chocolate, muebles, papel impreso y derivados seleccionados a base de aceite de palma (utilizados, por ejemplo, como componentes en artículos de cuidado personal).
Las obligaciones del Reglamento serán vinculantes a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes compañías y comerciantes y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
‘BAJO’, ‘ESTÁNDAR’ O ‘ALTO’
El reglamento establece que la Comisión Europea creará una metodología para clasificar a los países según su nivel de riesgo ‘bajo’, ‘estándar’ o ‘alto’ en función de que esos productos estén relacionados con la deforestación.
Con esa clasificación, las empresas pueden hacer una diligencia debida simplificada a los productos procedentes de países en ‘bajo riesgo’, lo que significa que los operadores y las autoridades llevarán a cabo inspecciones y controles con menos atención sobre los productos procedentes de esas zonas.
Por ello, las 40 organizaciones han remitido una carta a cinco comisarios de la UE, entre ellos Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, para que esa clasificación de países evalúe los “riesgos reales” para el medio ambiente y los derechos humanos, y no se base en intereses políticos o comerciales.
Esas organizaciones mostraron su preocupación sobre que la Comisión Europea haya reiterado que la mayoría de los países serían calificados como de bajo riesgo y que solo los sometidos a algún tipo de sanción de la ONU serían etiquetados como de alto riesgo para los productos regulados por el reglamento.
“Esto no solo pone en entredicho la objetividad del proceso, sino que reduce los controles y deja vía libre a la comercialización de productos vinculados a la deforestación y a graves vulneraciones de derechos humanos”, apuntaron.
Por ello, propusieron que se consideren las violaciones de los derechos humanos y los riesgos de ilegalidad desde el principio para todos los países, incluidas las naciones con bajas tasas de deforestación o degradación forestal, y no se utilicen las sanciones de la ONU como criterio principal o único para determinar si un país o partes del mismo son de alto riesgo.
Considerar la degradación forestal junto con la deforestación, tener en cuenta las tendencias de producción de todas las materias primas y no caracterizar indebidamente los acuerdos comerciales como neutralizadores de riesgos de deforestación, ilegalidad y violación de derechos son otras peticiones.
“HITO HISTÓRICO”
Por otro lado, las organizaciones integrantes de la Alianza Cero Deforestación, entre ellas Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, exigieron este miércoles al Gobierno español que solo acepte una metodología que permita una clasificación de los países basada en criterios objetivos que reflejen los riesgos reales de vulneración de derechos humanos, de degradación forestal y deforestación.
“El EUDR representa un hito histórico en la lucha contra la deforestación, pero su aplicación estaría condenada al fracaso si la clasificación de países según su nivel de riesgo no se basa en criterios objetivos, sino en intereses políticos o comerciales”, concluyeron.
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