ALMERÍA, 4 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres hombres que fueron sorprendidos con cerca de 722 kilos de hachís distribuidos en 39 fardos que acababan de desembarcar del barco que poseía uno de ellos en el puerto de San Pedro del Pinatar (Murcia).
En su sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal condena a los tres acusados por un delito contra la salud pública a cuatro años, dos meses y 15 días de prisión, toda vez que les imponen dos multas de 2,2 millones de euros con 60 días de arresto sustitutorio en caso de impago por cada una de ellas.
La Sección Tercera da por probado que los tres acusados se pusieron de acuerdo para introducir una gran cantidad de hachís en España, para lo que se citaron durante la noche del 30 de septiembre de 2019 con otras personas que no identificadas para descargar la droga que habían hecho llegar a bordo de una embarcación.
En este sentido, uno de los acusados alquiló una furgoneta con la que acudió al puerto mientras que los otros dos acusados esperaban en el barco. Una vez allí, desembarcaron el estupefaciente, valorado en más de 1,2 millones de euros en el mercado ilícito, y lo cargaron en la furgoneta.
Tanto la furgoneta con el estupefaciente como el vehículo que circulaba detrás, con otros dos acusados, fueron interceptados por las autoridades, que procedieron a la detención de los sospechosos a la salida del recinto portuario.
La resolución judicial, sobre la que cabe recurso de apelación ante el TSJA, incide en que uno de los acusados que permanecía en el barco, al que se le interceptó una conversación telefónica, reconoció íntegramente los hechos sostenidos por la Fiscalía, que solicitaba seis años de prisión para todos ellos.
Del mismo modo, el tribunal tuvo en cuenta la declaración de los agentes que participaron en la operación e identificaron a los sospechosos plenamente así como el reportaje fotográfico y las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el trasbordo de la droga.
Para fijar la pena, los magistrados tuvieron en cuenta la “infraestructura” de la que se sirvieron los acusados, “muy cercana al grupo criminal” así como la gran cantidad de hachís interceptado, toda vez que descartan aplicar dilaciones indebidas al considerar que la instrucción contó con cierta complejidad al tiempo que uno de los acusados ha estado en rebeldía.
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