LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 (EUROPA PRESS)
La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias, Candelaria Delgado, ha informado este lunes del comienzo del procedimiento de elaboración, tramitación y realización de la consulta previa sobre la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que tiene como fin reconocer a los menores como “sujetos de pleno derecho” y otorgarles un “estatus activo” dentro del tejido social.
Esto, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, “es esencial” para construir comunidades “más justas e inclusivas”. En este marco, la consulta previa permitirá recabar la opinión de la ciudadanía, así como de las organizaciones más representativas.
Además con el impulso de esta nueva normativa, el Gobierno de Canarias y la Consejería de Bienestar Social “cumple con el compromiso de dotar” a la infancia y a la adolescencia de un marco legal “adecuado” para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Delgado indicó que esta es también una “demanda ampliamente solicitada” por el sector y por entidades como UNICEF, y reconoció que hubo “intentos de sacar esta legislación con anterioridad pero no fructificó”.
Ahora, añadió, el objetivo es que sea una normativa “ampliamente consensuada” con los grupos políticos, las entidades y las diferentes administraciones, que podrán hacer llegar sus aportaciones en el proceso participativo.
La nueva ley, explicó Delgado, busca actualizar la Ley del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, también la de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que consideró “introdujo principios y directrices que deben ser reflejados en la normativa autonómica”.
En este sentido, matizó que la nueva normativa autonómica “incluirá por primera vez” un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, adaptándolo en algunos casos a ya existentes. También se redefinen como principios rectores de la actuación administrativa y de las instituciones competentes la protección de las personas menores de edad a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección de situaciones de riesgo.
Añadió que en los casos de declaración de desamparo se recoge la asunción de la tutela por ministerio de la norma, ya que estos principios “son esenciales para garantizar un enfoque integral y efectivo” en la atención a la infancia, abarcando de la prevención hasta la intervención.
Candelaria Delgado apuntó que en situaciones de desamparo “es importante” resaltar que con la nueva normativa “se garantiza la protección del interés superior de la persona menor de edad, que ha de ser valorado y considerado primordial en todas” las actuaciones y decisiones que le concierne, tanto en el ámbito público como privado, así como se adoptan “todas” las medidas necesarias para facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos.
Entre ellos se encuentran el derechos “a ser oídas y escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten, así como para la defensa y garantía de sus derechos”. Asimismo dijo que “también es importante” decir que con este cambio normativo se estará garantizando los cuidados necesarios para su bienestar en el marco del artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que destaca la protección jurídica, económica y social de la familia y de las personas menores.
Por ello, la elaboración de una Ley de Canarias de Infancia y Adolescencia es una necesidad urgente para ajustar el ordenamiento jurídico autonómico al nuevo marco jurídico sólido y eficaz que garantice el ejercicio de cuantos derechos sean propios de la infancia y la adolescencia como parte de la ciudadanía de esta comunidad autónoma.
Finalmente matizó que en todo ello se encuentra la infancia migrante “dentro de las competencias de las que es propia la comunidad autónoma”.
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