MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en los términos pactados entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, aunque al texto le aguarda ahora una complejísima negociación parlamentaria, ya que a día de hoy no cuenta con apoyos suficientes para ser aprobado en el Congreso y poder materializarse en la vida de los 12 millones de empleados a los que se estima que podría beneficiar.
El acuerdo entre PSOE y Sumar, a propuesta de este segundo partido, incorporó una rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 en 2025. La primera pantalla la sacrificó la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, en aras de ampliar la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente el acuerdo con la CEOE y Cepyme dentro no fue posible tras 11 meses de conversaciones y reuniones.
La patronal consideró en todo momento que la jornada se seguiría reduciendo vía negociación colectiva y atendiendo a las circunstancias de cada sector y cada territorio, por lo que rechazó la medida del modo en que la planteó Díaz por no ser “buena para el país”.
Pero las discrepancias no solo se dieron en el seno del diálogo social, sino del propio Gobierno de coalición. Así, el Ministerio de Economía no rechazó la rebaja de la jornada pero sí apelaba a poner el foco en las pymes y en no perjudicar el tejido productivo. Díaz, en cambio, exigió que se tenían que cumplir los tiempos incluidos en el pacto de coalición y pidió que se aprobara por la vía de urgencia y en los términos suscritos con los sindicatos, aunque luego se tengan que realizar cambios en las negociaciones con otras fuerzas políticas.
CUERPO A CUERPO
La tensión fue tal que, a comienzos de enero, Díaz espetó en una entrevista en RNE que Cuerpo se oponía a la medida y que hacer eso era “casi de ser un poco mala persona”. Economía eludió entrar en el ‘cuerpo a cuerpo’ abiertamente, aunque dejó claro que acortar la jornada era una “prioridad” de todo el Gobierno, aunque había que hacerlo con todas las garantías.
Tras ese pico, se celebraron dos reuniones entre Cuerpo y Díaz y pactaron que el 27 de enero se estudiara el texto en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) que, a su vez, pactó que se aprobara este martes en los términos pactados con los sindicatos, imponiéndose así la tesis de Díaz.
En cualquier caso, Cuerpo recordó que todavía se debe emprender una negociación parlamentaria en la que el PNV no ha mostrado sus cartas, Vox se opone frontalmente y PP y Junts se expresan de forma crítica aunque no han clarificado su postura.
Si se cumplen los plazos previstos, tras la aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto de ley entraría en el Congreso a finales de febrero o principios de marzo, dado que al tramitarse por la vía de urgencia no hace falta esperar a informes de diferentes organismos para seguir avanzando.
Los sindicatos han advertido de que si el texto se bloquea no dudarán en presionar a los partidos que se opongan saliendo a la calle, mientras CEOE ha reconocido que hablará con quien quiera escucharla, aludiendo así a PP o Junts, para intentar que la medida no se apruebe o, que al menos no salga adelante como está diseñada en la actualidad.
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