MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Expertos han pedido protocolos accesibles y mayor coordinación para evitar situaciones de exclusión en emergencias, como han puesto de manifiesto durante el seminario ‘La dimensión social de las emergencias y catástrofes: Gestión preventiva para minimizar el impacto en las personas con discapacidad’.
En este sentido, la vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presidenta de FIAPAS, Mª Carmen Sacacia, ha destacado la necesidad de replantear las políticas de emergencias para “trascender la respuesta inmediata y garantizar la protección real y efectiva de las personas con discapacidad”.
Para Sacacia, la gestión de emergencias no puede limitarse al “aquí y ahora”, sino que debe mirar “más allá”, para “garantizar que las personas con discapacidad tengan una respuesta adaptada en todas las fases: prevención, impacto y recuperación”. “No se trata solo de estabilizar la emergencia, sino de asegurar que, tras una catástrofe, nadie quede desamparado”, ha afirmado.
También ha reclamado sistemas de comunicación accesibles, que incluyan subtitulado, interpretación en lengua de signos, recursos tecnológicos en tiempo real y un acceso universal al 112 sin necesidad de registro previo. Además, ha dicho que es “imprescindible” la formación de los profesionales de seguridad y emergencias para garantizar que puedan actuar de manera efectiva ante situaciones de riesgo que involucren a personas con discapacidad.
Por su parte, el director de Medio Ambiente de Cruz Roja Española, Pablo Navajo, ha insistido en su intervención en que las emergencias deben incorporar “medidas concretas” para atender la diversidad de necesidades de la población. “Las catástrofes naturales y crisis humanitarias no afectan a todas las personas por igual. La falta de accesibilidad y protocolos inclusivos puede convertir una emergencia en una barrera insalvable para miles de personas con discapacidad”, ha advertido.
Desde una perspectiva territorial, el presidente de CERMI Comunidad Valenciana, Luis Vañó Gisbert, ha recalcado la necesidad de desarrollar un Plan de Emergencias Inclusivo en la región. “La brecha entre la normativa y su aplicación efectiva ha quedado en evidencia. Este documento debe servir como referencia para que la gestión de futuras emergencias garantice la dignidad, inclusión e igualdad de oportunidades de todas las personas”, ha asegurado para añadir que la accesibilidad en la información, la evacuación y la provisión de asistencia son “aspectos esenciales” que deben abordarse con “urgencia”.
Por otro lado, el encargado de Cooperación del Foro Europeo sobre Discapacidad (EDF), Gordon Rattray, ha expuesto, a pesar de los avances normativos, muchos países aún carecen de protocolos efectivos. En esta línea, ha reclamado abordar las emergencias “con una estrategia de doble vía: garantizar medidas universales de accesibilidad y, al mismo tiempo, desarrollar acciones específicas para colectivos con mayores barreras”. También ha denunciado que la falta de datos desagregados sobre discapacidad en crisis “impide evaluar el impacto real y diseñar respuestas adecuadas”.
Asimismo, el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, Gregorio Saravia, y la delegada de derechos humanos y agenda política de Fundación CERMI Mujeres, Sara de Torres, han indicado que España debe adoptar como referencia las directrices internacionales y convertirlas en “medidas concretas”. “No basta con tener normas, hay que aplicarlas con rigor y garantizar que las personas con discapacidad sean protagonistas en su implementación”, han concluido. Además, han demandado aplicar una perspectiva interseccional en la gestión de emergencias, considerando el impacto diferenciado en mujeres y niñas con discapacidad.
Igualmente, la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes, ha planteado eliminar barreras burocráticas, para lo que ha dicho que es “clave” la coordinación entre las entidades con la Administración pública.
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