MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó este jueves por “abrir un tiempo de excepción” de cuatro años para agilizar la construcción y rehabilitación de vivienda, y crear en ese periodo “la figura del proyecto residencial estratégico” para reservar “obligatoriamente” la mitad de los inmuebles a vivienda asequible o un precio tasado que sea un 30% inferior a la media del mercado.
Así lo afirmó en la presentación de su plan de vivienda ante los agentes del sector inmobiliario, en la que se comprometió también a aplicar todas las medidas necesarias para reducir los plazos de construcción de vivienda nueva, que es de 10 años de media, con el objetivo de construir tres millones de casas o pisos en los siguientes 15 años.
Además, se comprometió a aprobar su plan de vivienda si llega a La Moncloa en la primera semana de su mandato, siempre y cuando Pedro Sánchez no abrace su propuesta. Al mismo tiempo, avanzó que su partido registrará mañana su Ley del Suelo en el Senado.
El plan del PP gira sobre cuatro ejes: movilizar suelo público para construir vivienda asequible con un precio que sea un 30% inferior a la media del mercado, bajadas de impuestos a propietarios, inquilinos y compradores, medidas contra la ‘okupación’, y avales para que los jóvenes y otros colectivos vulnerables puedan pagar la fianza del alquiler o acceder a una hipoteca.
Las principales novedades desveladas hoy se articulan dentro del primer eje. Además de la aceleración de la construcción de vivienda nueva, Feijóo apuesta por “reservar obligatoriamente la mitad de los inmuebles a vivienda asequible a precio tasado”, es decir, un 30% más barata que el precio medio del mercado.
Por otro lado, con la presencia de 11 consejeros autonómicos de vivienda del PP, anunció el compromiso de sus comunidades a “agilizar la concesión de licencias de obras nuevas”, implementando el silencio administrativo en los informes sectoriales a los tres meses –frente a los nueve actuales–, “eliminar las trabajas con toda la intensidad posible para ampliar la oferta” y modificar las leyes autonómicas de emergencia. “Ante una situación de emergencia, son necesarias medidas excepcionales”.
Feijóo reconoció que “ni la solución es simple ni llegara de un día para otro”, pero sí avisó al Gobierno de que no puede “sostenerse en promesas frustradas, cuando no imposibles”. Y pidió un “diagnóstico completo” para lograr un “tratamiento adecuado” frente a un Pedro Sánchez que “ha mentido mucho” y “ha construido poco o nada”.
PRESENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA ‘OKUPACIÓN’
El líder de la oposición hizo estos anuncios ante una veintena de asociaciones, también la plataforma de afectados por la okupación e ‘inquiokupación’ (PAO), que declinó en primera instancia la invitación de Feijóo tras conocer que votará a favor del nuevo decreto ‘ómnibus’. El texto mantiene la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, que ningún okupa e inquiokupa vulnerable podrá ser desalojado, tenga o no sentencia judicial firme en contra.
La organización se opone a esta medida, pero ha reconsiderado su decisión después de que Génova protagonizara una “reacción inmediata” con conversaciones “al más alto nivel” y “muchos compromisos”. Esta mañana, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó en una entrevista en Antena 3 que la plataforma conoce “perfectamente” que su posición es que “al okupa no se le protege, se le desaloja”. Y prometió que su partido seguirá “peleando” para derogar la paralización de desahucios, al tiempo que recordó que el Senado aprobó una ley suya para desalojar okupas en 48 horas.
Al margen de la PAO, acudieron inmobiliarias como Fotocasa e Idealista; las principales organizaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Jupol y AUGC; las patronales de la banca, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA); y entidades como Cáritas y el Consejo de la Juventud de España.
También asistieron los principales agentes del sector. Desde el Colegio de Registradores de España (Corpme) y el Consejo General de Notariado (CGN), hasta el Colegio Oficial Arquitectos de Madrid (COAM), que hizo de anfitrión, y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (Cgate).
La lista de invitados la completaron la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), las Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr), la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.
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