OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)
El viceconsejero de Industria y Transición Justa, Isaac Pola, ha recordado este miércoles que la tramitación (autorización administrativa previa) de un proyecto de almacenamiento de energía con baterías solo marca el inicio del procedimiento administrativo y en ningún caso presupone que éste se vaya a aprobar, pues requiere además de una tramitación medioambiental y urbanística.
Pola se manifestaba así en la reunión que mantuvo con una delegación de la plataforma Stop Parques de Baterías para informarles de los procedimientos que se llevan a cabo desde la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en relación con los proyectos de almacenamiento, así como de los objetivos que se incluirán en las futuras directrices de implantación de este tipo de instalaciones energéticas.
Según ha indicado, la tramitación sigue un “procedimiento reglado” que “obliga” a la consejería a tramitar los proyectos que cumplen con la normativa, como la presentación de los avales necesarios y la disponibilidad de acceso y conexión a la red
Unos trámites, ha precisado, que son “garantistas” y “tratan de preservar no solo el interés público superior fijado por la UE para este tipo de instalaciones, sino también la perspectiva medioambiental, urbanística, la protección de la salud y la prevención de accidentes e incidentes”.
“Pese a la alarma que plantean este tipo de instalaciones, estamos obligados a realizar esas tramitaciones sin prejuzgar el resultado de las mismas”, ha remarcado el viceconsejero.
EMPLAZAMIENTO DE LOS PARQUES
En relación con los emplazamientos para la ubicación de almacenes de baterías, ha explicado que en aquellas instalaciones que se plantean en suelo urbanizable industrial “la compatibilidad urbanística es evidente, no es discutible, aunque para eso se realiza la tramitación: para ver otros intereses que puedan concurrir y que lógicamente deben ser equilibrados en la resolución de la tramitación”.
Respecto a las futuras directrices sectoriales, ha remarcado que “se quiere proteger el modelo de implantación rural asturiano y, obviamente, se tendrán en cuenta aspectos de carácter ambiental, urbanístico, de prevención de accidentes e incidentes y de protección de la salud”.
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