MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha confirmado que reclamará al Gobierno de España el dinero de la rebaja del abono transporte que han asumido en solitario después de que decayera el decreto ómnibus tras rechazarlo el Congreso.
Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa ofrecida tras las reuniones de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los grupos parlamentarios Popular y Socialista antes de reactivarse la actividad de la Asamblea la próxima semana.
“Por supuesto”, ha respondido tajante a los periodistas tras ser preguntado por esa exigencia de los fondos invertidos en solitario por el Gobierno autonómico. De la rebaja del 60% del abono transporte, el 30% de los fondos lo aportaba el Gobierno central y el restante el regional. Esta mañana el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, cifraba esta cantidad en 400 millones de euros.
Esta tarde PSOE y Junts acordaban salvar parte de las medidas incluidas en el decreto ómnibus que la pasada semana los de Puigdemont tumbaban junto a los votos de PP y Vox. Entre los puntos que se rescatan están, además de las ayudas al transporte, las dirigidas a los afectados por la dana que asoló Valencia en octubre y la revalorización de las pensiones.
García Martín ha contrapuesto las “dos formas de gobernar” que se han apreciado tras decaer el decreto ómnibus. A su parecer, por un lado está una “administración responsable”, la Comunidad de Madrid, que “decidió mantener subvencionados los precios del transporte público” y por otro el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que “tardó 24 horas en quitar la gratuidad del transporte, de los trenes de media y de cercanías en nuestro país”.
Considera García Martín que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “rehén de Puigdemont y de los partidos independentistas” y que la pasada semana desplegó un ejercicio de “trilerismo político” al asegurar que no podía llevar medidas como la rebaja de los abonos o la subida de las pensiones “de manera diferenciada”.
“Por tanto, si hubieran querido mantener la gratuidad durante este tiempo, hubieran podido. Simplemente fue ese chantaje que quisieron hacer a todos los españoles, precisamente por esa debilidad parlamentaria de un Gobierno que solo es capaz de sacar una iniciativa adelante cuando paga peajes”, ha concluido el portavoz del Ejecutivo regional.
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