También que las comunidades de propietarios puedan presentar denuncia cuando el propietario no lo haga
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha presentado este martes una propuesta legislativa para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) a fin de permitir que los jueces de guardia puedan adoptar como medida cautelar la expulsión de los okupas en un plazo máximo de 48 horas siempre que se trate de una “okupación delincuencial” y de que estas personas no puedan aportar un título de posesión ilegítima en ese plazo.
Así lo ha anunciado el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, en el II Congreso de Ocupación Ilegal que ha comenzado este martes en la sede del colegio en Barcelona y que está coorganizado con el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (ICA Málaga) y el de Madrid (ICAM).
Sánchez ha manifestado que, con esta reforma, que tendría que tramitarse y aprobarse en el Congreso de los Diputados, sería el juez de guardia el encargado de resolver esta cuestión, independientemente de que el propietario de la vivienda okupada “sea una persona física o jurídica” y del número de inmuebles que posea.
Para ello, el afectado sólo tendría que acudir a una comisaría de policía, presentar una denuncia y que, en el caso de Catalunya los Mossos d’Esquadra, llevaran a cabo las diligencias oportunas y las entregasen al juez de guardia.
DEROGACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JURADO
La propuesta también plantea la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y del libro quinto del Código Civil catalán para habilitar a los presidentes de las comunidades de propietarios a presentar denuncia cuando el propietario de la vivienda okupada mantenga una postura pasiva, como por ejemplo entidades bancarias, y que esta situación provoque problemas de convivencia.
La propuesta legislativa presentada también incluye la derogación de la competencia del Tribunal de jurado respecto del delito de violación de domicilio.
PROPUESTA “AMBICIOSA”
El decano del ICAB ha explicado que esta no es la primera propuesta legislativa que presentan en este sentido, pues hubo una primera que se tramitó por la vía civil y acabó recogiéndose en la Ley 5/2018 gracias a “una diputada valiente en aquel momento del PdeCat, Lourdes Ciuró” y otras cuatro mujeres, según Sánchez.
Sin embargo, ha manifestado que tras la aprobación de esta ley la okupación ilegal continuó al alza, por lo que desde el Colegio comenzaron a trabajar en otras propuestas legislativas como la que hoy se ha presentado y de la que ha dicho que es “ambiciosa” y sin complejos.
Sánchez ha matizado que con ella se pretende atajar de una vez por todas el problema de la okupación delincuencial y que tiene como pilar esencial la defensa de las personas vulnerables, pero que “la asignación de una vivienda social le corresponde al Estado, no puede recaer en la vivienda privada”.
EL secretario de la Junta de Gobierno y Diputado Responsable de Formación del ICA Málaga, Rafael Soto, ha dicho que esta propuesta de reforma legislativa se propone en un momento en el que “se siguen admitiendo suspensiones de lanzamiento, siendo conscientes de cómo son los ‘tempos’ de la administración de justicia y se está haciendo un flaco favor a la ciudadanía”.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón Seisdedos, ha añadido que la reforma legilstaiva es necesaria porque, según los datos del Ministerio del Interior, anualmente se registran de media en España 15.000 denuncias por okupación, lo que supone unas 41 diarias, y que el 42% del total se producen en Catalunya, una cifra que ha tildado de “absolutamente insostenible”.
UNA DE LAS CAUSAS: LOS NARCOCULTIVOS
El abogado experto en derecho administrativo, Pablo Feu, ha señalado en la primera mesa de este congreso que uno de los motivos detrás de la okupación delincuencial en España y, en concreto, en Catalunya es el narcocultivo de marihuana, que provoca una “pugna de las mafias por instalarse en las viviendas”.
En este sentido, ha señalado que las aprehensiones de cannabis se han incrementado en un 1500% en una década en España, que en 2022 registró el 81% de las aprehensiones de plantaciones ‘indoor’ de toda Europa.
El letrado ha recordado que en Catalunya se cometieron en 2023 un total de 13 homicidios con arma de fuego y que “solo 2 no estaban vinculados con el tráfico de marihuana”, lo que supone un punto de inflexión, en sus palabras.
El abogado ha insistido en que el de la marihuana es un negocio “extraodinariamente lucrativo”, puesto que por cada 6.000 euros de inversión se cosechan 240.000 euros de beneficios y que la repercusión penal es ridícula, en sus palabras, con penas que oscilan entre los 1 a 3 años al considerarse una droga blanda.
Además, tras la crisis inmobiliaria se abrieron “espacios de oportunidad” que han sido aprovechado por las mafias, con el vaciado masivo de viviendas, algunas de entidades bancarias que ni siquiera conocían ni el número de propiedades que manejaban, según el letrado.
Feu ha subrayado que, ahora, estas mafias “se están instalando en polígonos de vivienda social como Sant Roc (Badalona), Sant Cosme (El Prat de Llobregat) y La Mina (Sant Adrià de Besòs)” donde familias vulnerables son inmediatamente expulsadas para dedicar estos inmuebles de protección oficial a plantaciones de marihuana.
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