MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Vox registró este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que exige al Gobierno un protocolo nacional para erradicar los matrimonios forzados para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia de esta Cámara.
En la iniciativa, este partido muestra su preocupación por esta práctica que “es un fenómeno que se da con fuerza en África subsahariana, donde el 20% de las niñas se han casado durante su infancia, y en África Occidental y central, donde casi 4 de cada 10 mujeres jóvenes se casaron antes de los 18 años”.
En este sentido, Vox señala que, pese a que la mayoría de la población española cree que estas prácticas se encuentran “desterradas” dentro del territorio nacional, “los datos nos dicen que en España hay importantes comunidades que proceden de países en donde los matrimonios forzados se llevan a cabo”.
Según apunta Vox, en Cataluña “los matrimonios forzados crecieron un 60% de 2021 a 2022 y un 20% de 2022 a 2023”. Este partido registró también una solicitud de datos en la que pide conocer el número de extranjeros que han sido condenados desde 2018 por la comisión de delitos relacionados con esta práctica.
Por todo ello, Vox exige al Congreso que inste al Gobierno a crear un protocolo nacional que involucre a todos los operadores del ámbito de la Justicia, seguridad pública, Sanidad y Educación, que tenga como fin la erradicación del matrimonio forzado que tiene lugar en España y que tiene como víctimas a mujeres españolas fuera del territorio nacional.
Con esta iniciativa parlamentaria, el partido de Santiago Abascal también propone “la eliminación de las subvenciones públicas a las organizaciones, asociaciones y centros socioculturales respecto de las cuales exista sospecha de que no colaboran con la prevención de matrimonios forzados”.
Entre otras medidas, apuesta por llevar a cabo una campaña institucional para que las jóvenes pertenecientes a comunidades en las que existe el riesgo de que se les obligue a contraer matrimonio forzado conozcan que en España dicha conducta constituye un delito y que existen centros de asesoramiento y ayuda a la que pueden acudir.
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