LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) ha anunciado este jueves que presentará alegaciones a la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos para evitar que la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, consumen el “atraco que quieren infligir” a los vecinos de la ciudad.
La ordenanza aprobada por la junta de gobierno, en virtud de la cual cada propietario de un inmueble deberá pagar 149,33 euros anuales en este concepto, fruto de la trasposición a las ordenanzas fiscales municipales de la Ley 7/2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, deberá elevarse ahora a pleno, según ha informado el PP en nota de prensa.
La ley, señala el PP, “obliga” a los ayuntamientos y entidades privadas a imponer una tasa “específica y no deficitaria” para poder cubrir el coste que se genera de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Al respecto, la portavoz municipal, Jimena Delgado, señaló que les parece “un disparate no solo la implantación de una tasa injusta”, sino de que la capital grancanaria sea la quinta ciudad de España “donde más caro será este tributo de nueva creación”.
Esta tasa, matiza, es el resultado de abonar una tasa básica (108,45 euros), a la que se suma una cuota de generación por la recogida y una por tratamiento.
A modo de ejemplo, indicó que las viviendas vacías abonarán solo la cuota básica, las viviendas vacacionales deberán abonar, como ya pasó con la reciente tarifa del agua, una cuota “altísima, entre 131,69 y 403,08 euros en función de las plazas”.
Por su parte, los bares-cafetería en función de la calle donde estén pagarán entre 148 y 455,83 euros; los restaurantes entre 261 y 1.714,20 euros; los despachos profesionales 116,13 euros y los supermercados entre 608 y 939 euros.
Delgado subrayó que con estos datos, Las Palmas de Gran Canaria “tendrá la quita tarifa más cara de toda España, de acuerdo a los datos de la OCU”, solo por detrás de San Sebastián, Gerona, Barcelona y Granada.
Al respecto, la portavoz del PP en la capital grancanaria admitió no entender “por qué no se hace como en otras ciudades como Alicante, donde se tiene en cuenta el valor catastral de la casa”.
Con esto, dijo, el PSOE “consuma hoy un ‘basurazo’ que se suma al tarifazo del agua aprobado hace tres meses. Entre ambos tributos los vecinos abonarán alrededor de 200 euros más en impuestos al año”.
Para el PP esta tasa, que entrará en vigor el próximo 10 de abril, “implica una invasión” de la autonomía municipal al impedir que los ayuntamientos “hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos”.
También consideran que existe una “amplia gama” de medidas para cumplir la directiva europea que “no se están teniendo en cuenta ni implementado y que son alternativa al ‘basurazo'”, entre las que citó los incentivos fiscales a la donación de productos, en particular alimentos; regímenes de responsabilidad ampliada del productor para diferentes tipos de residuos y medidas para aumentar su eficacia, su rentabilidad y su gestión.
En definitiva, dijo, una contratación pública “sostenible para incentivar una mejor” gestión de los residuos y el uso de productos y materiales reciclados, la supresión progresiva de las subvenciones que no son compatibles con la jerarquía de residuos y el uso de medidas fiscales o de otros medios para promover la utilización de productos y materiales preparados para su reutilización o reciclado, entre otras.
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