Fullana asegura que el conseller Rovira se ha declarado “en rebeldía” e “incumple” las resoluciones del TSJCV
VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha presentado este jueves una denuncia a la Fiscalía contra la Conselleria de Educación por presunta prevaricación y desobediencia al “incumplir” el mandato del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre los Acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el anterior Consell del Botànic con los sindicatos. “Venimos a dar un paso contra la impunidad absoluta en la que se ha instalado el Consell”, ha recalcado.
Cabe recordar que el pasado mes de octubre, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV dictó dos autos en los que confirmaba la suspensión cautelar de la denuncia de la Generalitat de los acuerdos suscritos por la institución con los sindicatos en junio de 2023 –durante la anterior etapa de gobierno del Botànic– en la Mesa Sectorial de Educación, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas docentes. Posteriormente, la Conselleria de Educación anunció que iba a comenzar a aplicar de forma gradual a partir del 9 de enero el acuerdo.
Sin embargo, Fullana ha señalado que “han pasado demasiados meses” sin que los máximos responsables de la Conselleria “hayan movido ni un dedo” para ejecutar la resolución del TSJCV y dotar de 1.898 docentes las aulas valencianas para este curso, al tiempo que ha recalcado que esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones con “una ilegalidad reincidente”.
Por ello, solicitan en la denuncia, que viene acompañada de 14 documentos –entre ellos autos, providencias y artículos de prensa–, que abra diligencias de investigación para esclarecer si hay responsabilidades penales del conseller, José Antonio Rovira, y otros altos cargos “responsables de este incumplimiento”, ya que podrían estar cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial.
El representante de Compromís ha mantenido que su “obligación” es “notificar a la Fiscalía que tenemos un conseller de Educación que se ha determinado en rebelión ante el Poder Judicial” y al respecto ha señalado que, si el ministerio público presenta una denuncia, la coalición “muy probablemente” se personará en la causa.
Así, ha recalcado que el TSJCV emitió la semana pasada un auto en el que obligaba a la Conselleria a determinar, con nombres y apellidos a los responsables del incumplimiento de la sentencia. “Es muy grave”, ha subrayado.
“El ‘president’ (Carlos) Mazón parece haber contagiado a todos sus consellers de su sensación de impunidad absoluta y se creen por encima del bien y del mal atacando no solo a la educación pública, sino siendo además capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado”, ha añadido Gerard Fullana.
“CHULERÍA Y VENGANZA POLÍTICA”
En la misma línea, ha criticado “la mala fe” de Rovira al anunciar que retiraría esos 1.900 docentes al día siguiente de una huelga educativa con “un mensaje muy claro de chulería y de venganza política hacia los sindicatos y profesorado de que si secundaban el paro no habría ese incremento de profesores en un acto antidemocrático prácticamente sin precedentes”.
“Nos recuerda mucho a aquel gobierno lamentable de las épocas de Zaplana y de Camps, Mazón ha situado al Consell en muy poco tiempo en un índice de vergüenza que ya hacía tiempo que no veían los valencianos”, ha apostillado.
CONSECUENCIAS “IRREPARABLES”
Compromís remarca además en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido “efectos irreparables en docenas de miles de alumnos”. En el caso del profesorado no contratado, mantiene que la presunta prevaricación y desobediencia de los altos cargos de la Conselleria “ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración”.
“Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Consellería de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración”, ha advertido. Así, ha señalado que los delitos denunciados “se agravan por el hecho que haya ya consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración, y podrían ser motivo de penas de inhabilitación e incluso de prisión”.
Fullana ha recordado que los Acuerdos de Plantillas firmados por el Consell del Botànic fijaban el aumento en 1.898 docentes la plantilla de profesorado a las aulas valencianas para arrancar este curso 2024-2025 y que Rovira los quiso anular, un día después de la huelga educativa del 23 de mayo del año pasado.
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