Ordenó el bloqueo de los fondos y desglose de los movimientos realizados
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El juez Santiago Pedraz rastrea en Portugal las cuentas bancarias de 27 empresas vinculadas a la presunta trama de fraude de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama que habría defraudado más de 182,5 millones de euros con el IVA el sector de los carburantes al sospechar que podría haber desviado al país luso hasta 68,6 millones de euros.
Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional dictó una orden europea de investigación el pasado julio para reclamar la ayuda de las autoridades portuguesas. En noviembre, amplió dicha orden para solicitar más información.
El instructor solicita a Portugal el bloqueo de las cuentas bancarias tituladas por las empresas señaladas y pide “informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que las entidades bancarias correspondientes hubieran identificado”.
Respecto a las cuentas bancarias, también quiere los movimientos realizados “desde su contratación o, en su caso, desde el 1 de mayo de 2020 hasta la recepción de la petición, identificando las cuentas de origen y destino, así como las personas físicas y jurídicas intervinientes”.
A su vez, reclama que se localice e identifique el domicilio social y de actividad de cada una de las empresas, así como datos de los accionistas, socios y apoderados “actuales e históricos, desde su constitución hasta la actualidad”.
Y solicita también que se compruebe el patrimonio (muebles e inmuebles) y que se identifiquen los productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados.
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Según explica el juez en la orden europea de investigación, la Guardia Civil identificó en uno de sus informes las sociedades vinculadas a la presunta trama en Portugal que habría recibido “fondos procedentes de la operadora (Still Growing SL-Villafuel SL) y de las siete suministradoras involucradas en la comisión del fraude (Canary Island Fuel Coimpany SL, Salamanca fuel Centre SLU, Carburantes Jalón Plaza SL, Espaeventos SL y Skyward Tech SL)”.
Estas servirían “como punto intermedio o final” del presunto “canal de blanqueo que permitió a los miembros directivos de la organización criminal transferir y ocultar más de 68 millones de euros derivados del fraude a la Hacienda Pública, hasta cuentas contratadas en Portugal, identificando, en determinados casos, retornos a España”.
“Por el momento se han identificado retornos de capital a la empresa patrimonial española MTM 180 CAPITAL SL, desde donde, directivos de la organización criminal, disponían de dichos fondos canalizándolos a la adquisición de bienes inmuebles, muebles y otras inversiones, concretamente desde las cuentas de las mercantiles portuguesas Atmosferaaudaz Unipessoal LDA y Agarrobvio Unipessoal LDA”, agrega.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que De Aldama es “administrador único y titular real” de Atmosferaaudaz Unipessoal y que ésta es una de las sociedades que el empresario utilizó “con el fin de canalizar y dificultar la trazabilidad de los fondos obtenidos del fraude contra la Hacienda Pública”.
Por otro lado, en un oficio de 9 de enero emitido por la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) –dependiente del Ministerio de Justicia– se recuerda que el juez Pedraz acordó que ese organismo gestionara cuentas bancarias, productos petrolíferos, vehículos e inmuebles de la trama.
Dicha oficina también informa de que en total están llevando 73 bienes inmuebles sobre los que constan “anotaciones de prohibición de disponer o enajenar”, tal y como acordó el juzgado.
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