SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La izquierda andaluza ha coincidido este miércoles en su rechazo a la decisión del Gobierno andaluz de renovar los conciertos sanitarios con clínicas privadas. PSOE, Podemos Andalucía y Adelante Andalucía han mostrado su sintonía en considerar este gesto como un paso que ahonda en la privatización de la sanidad pública.
En rueda de prensa la parlamentaria autonómica socialista Isabel Ambrosio ha situado esta decisión como un hecho representativo de que la sanidad autonómica “se sigue privatizando y con contratos a dedo” por cuanto ha esgrimido que “haciendo uso de las prórrogas se sigue engordando el asunto”.
“Se sigue confirmando que la derivación de los recursos públicos a la sanidad privada sigue siendo una constante y ya con mucha falta de información y, sobre todo, evitando ese control y esa transparencia”, ha expresado Ambrosio, quien ha apuntado que el PSOE “vamos a estar muy pendientes de este asunto”.
Ambrosio ha ligado esta decisión con la denuncia judicial emprendida por el PSOE andaluz sobre el fraccionamiento de los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y pospandemia de coronavirus y ha recordado que plantearon que “fuera una falta administrativa o que pudiera tener un reproche administrativo y a lo largo de los días la investigación avanza y estamos hablando, sin duda, del mayor caso de corrupción en contratación sanitaria que a día de hoy tiene a tres altos cargos de la Junta de Andalucía imputados”.
En esta línea la coordinadora general Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha considerado que la Junta de Andalucía haya renovado contratos con clínicas privadas “corresponde a una estrategia del Partido Popular puro y duro, que sigue el proceso de desviar dinero público, dinero del Servicio Andaluz de Salud, a clínicas privadas y a empresarios cuyo fin con la sanidad es el puro negocio, llenarse los bolsillos”.
Ha denunciado Martínez que “todo lo que Moreno Bonilla desvía a la privada lo que hace es acrecentar una brecha entre lo público y lo privado, porque todo lo que va a la privada dejar de ir a la pública”.
La líder de Podemos Andalucía ha asegurado en una nota de prensa y de audio que “con estos nuevos 222 millones de euros se podría haber mejorado las condiciones laborales de los sanitarios o haber contratado a 6.000 profesionales más”.
Podemos Andalucía ha argumentado que esa decisión de renovar los conciertos sanitarios no se trata de un hecho “casual” y que es “es fruto de un modelo y de las conexiones del Partido Popular en toda España, también en Andalucía, con las empresas privadas, como cuando hemos vistos los halagos del presidente de Asisa a Ayuso”.
Martínez ha reclamado “reaccionar ante lo que están haciendo porque el daño que se está haciendo va a costar mucho poder arreglarlo”.
ADELANTE ANDALUCÍA: “UNA ABSOLUTA VERGÜENZA, UNA SALVAJADA”
La parlamentaria autonómica del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora se ha declarado “completamente sorprendida” por el hecho de que la Junta de Andalucía “vuelva a utilizar los contratos de emergencia del Covid para volver a seguir prorrogando contratos a dedo a clínicas privadas”, para concluir que se trata de “una absoluta vergüenza, una salvajada”.
“Ahora entendemos por qué se cesó a la interventora general de la Junta de Andalucía”, ha afirmado Mora, quien ha considerado que el relevo de María Antonia González Pons, quien ha sido la máxima responsable de ese organismo de fiscalización interna entre septiembre de 2022 hasta enero de 2025, obedece a que “era la persona que desde dentro estaba señalando las ilegalidades que se estaban cometiendo y, como se querían seguir cometiendo, se le ha quitado de en medio”.
“Todo esto nos parece absolutamente vergonzoso, es un escándalo del que debería responder directamente Moreno Bonilla, y están callados, sin dar ningún tipo de explicación”, ha continuado explicando Maribel Mora.
La diputada de Adelante Andalucía ha recordado que los contratos sanitarios de emergencia “están en los tribunales, se les está investigando por prevaricación” y ha afirmado que “la mayoría absoluta les vale para seguir utilizando el dinero de los servicios públicos para contratos a dedo, saltándose la legalidad y, por supuesto, dándoselo a empresas amigas que, al final, terminan en detrimento del servicio público”.
Mora ha indicado que “esperemos que Moreno Bonilla, a la menor brevedad, pueda dar una explicación y pueda decir por qué en un presunto delito de prevaricación se sigue actuando de la misma manera y perpetuando esta barbaridad”.
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