MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles la convalidación del real decreto ley que recuperaba el impuesto a las energéticas, gravamen que dejó de estar en vigor a finales de 2024 por el rechazo del PP, Vox, Junts y PNV que se repitió hoy en la Cámara Alta.
En su defensa del impuesto, que cosechó 165 votos a favor, 183 en contra y una abstención, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó no haber logrado el consenso necesario para aprobarlo y defendió que “hemos hecho lo humanamente posible para intentar conciliar las posiciones, lograr el consenso y que esta medida saliera adelante”.
“La realidad del arco parlamentario es compleja con intereses y planteamientos que cada uno entiende como legítimos y que el Gobierno respeta”, añadió Montero, quien admitió que “no hemos podido superar algunas visiones contrapuestas tras mucho diálogo”.
En todo caso, reivindicó que el impuesto es “una buena iniciativa que hace compatible el planteamiento de la modernización estructural con la obligación de una mayor justicia social”, al acompañar al sector energético en el proceso de inversión para combatir la emergencia climática.
Además, advirtió de que España sigue estando cuatro puntos por debajo de la presión fiscal que tienen otros países del entorno y “tenemos que aspirar a corregir esta brecha si queremos servicios públicos de calidad”. En este punto, recordó que el impuesto aportó 1.164 millones de euros en 2024.
Por ello, aseguró que “el Gobierno seguirá defendiendo la política fiscal pidiendo más esfuerzo a quien tenga mayor capacidad económica frente al discurso trasnochado que la derecha lleva practicando desde hace muchos años en justicia fiscal”.
Sobre el rechazo del PNV, la diputada Idoia Sagastizabal, denunció que en relación con este impuesto hay “mucha demagogia y mucha improvisación” y acusó al Gobierno de acordar “una cosa y la contraria”. “Sabían perfectamente que no iba a salir adelante”, sentenció.
Por su parte, la diputada de Junts Míriam Nogueras, se refirió a las palabras de Carles Puigdemont del pasado viernes donde advirtió al Gobierno de que “Mientras ustedes no cumplan no cuenten con Junts”. En esta línea, denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está cumpliendo cuando aprueba decretos sin haber negociado con la formación independentista.
También fue muy crítica con la vicepresidenta la portavoz de Podemos, Ione Belarra, quien acusó a Montero de “no mover ni un dedo” para poder aprobar el impuesto y reiteró la negativa de su partido a negociar los presupuestos del Estado si no se aprueba un impuesto a las energéticas, que según denunció “Llevan décadas forrándose”.
Por último, se quiso disculpar con PNV y Junts tras acusarles de ser los cachorros de Repsol ya que sostuvo que el Gobierno es quien está representando realmente los interés de la compañía energética.
EL NUEVO IMPUESTO
Como novedad, el gravamen temporal energético a satisfacer en el año 2025 permitía que las compañías se pudieran deducir hasta un 60% del impuesto en función de la dotación que realicen para inversiones dedicadas a la transición energética.
En concreto, la deducción era de un mínimo del 10%, porcentaje que se incrementaba hasta el 60% si la dotación excedía la cuantía de la prestación, que se correspondía con el 1,2% de la cifra de negocios del año 2024.
Como ejemplo, si una compañía debía pagar 100 millones por el impuesto, se podría reducir el pago un 10% si la dotación no supera los 100 millones que debe abonar. Además, todo lo que destine a la dotación por encima de los 100 millones permitía una deducción del 30%, con el límite de que en su conjunto no superara el 60% del impuesto a pagar.
A estos efectos, se considerarían inversiones estratégicas aquellas que sean esenciales para la transición ecológica y descarbonización y que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, realizadas en activos fijos y tecnologías que se comprometan en proyectos industriales para la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos en productos secundarios o en componentes de combustibles y gases renovables como el biogás o el biometano.
También en el almacenamiento energético, y sus posibles infraestructuras de red asociadas, las inversiones asociadas a la cadena de valor nacional y europea, para contribuir a la autonomía estratégica, así como los proyectos de eficiencia energética que permitan la consecución de objetivos tales como los incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), así como en el Plan RepowerEU.
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