MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Luis Hurtado dictó este miércoles un auto en el que acepta dos de las diligencias solicitadas desde el pasado mes de diciembre por las acusaciones personadas en la causa que instruye por delito de revelación de secretos contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid, y desestima las restantes.
Una de las diligencias que acuerda es requerir al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.
En segundo lugar, el instructor accede a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; remita los dispositivos móviles entregados por Álvaro García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; e informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y software utilizado.
El instructor rechaza el resto de diligencias que las acusaciones proponían respecto a dispositivos móviles y correos electrónicos, y destaca que quedan supeditadas al resultado de las que ya ha ordenado a la UCO en los autos de 7 y 20 de enero. Solo acepta al respecto la relativa al formateo de los móviles entregados por considerar que puede servir de complemento a la información que se hace en el informe de la UCO de 3 de enero, en que se recogía el cambio de terminal telefónico por parte del investigado.
Otras diligencias que el instructor desestima practicar en este momento, sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la investigación, se refieren a la toma de declaración u otras diligencias en relación a varios altos cargos o exaltos cargos de Moncloa.
Tampoco se accede a lo que la acusación particular interesa en relación a tres periodistas, y destaca al respecto que no se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto profesional de los periodistas y la especial protección que merecen las fuentes de información.
El juez rechaza también la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía provincial de Madrid la fecha de designación del Fiscal encargado de las Diligencias Previas en las que está incursa Begoña Gómez Fernández. Hurtado subraya que “no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente”. Tampoco acepta la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de extender en este momento la investigación a un presunto delito de prevaricación administrativa.
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