MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso en el que se queja de que el instructor que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está omitiendo pruebas relevantes que exculparían a su defendido del delito de revelación de secretos por filtrar documentos en los que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos de fraude fiscal.
Entiende la Abogacía que el magistrado Ángel Hurtado estaría omitiendo datos que evidencian que “no ocurren sospechas fundadas” que apunten a que García Ortiz cometiera el delito de revelación de secretos. Así, detalla que en la investigación han surgido “múltiples contraindicios”, de que los correos filtrados ya estaban en manos de varios medios de comunicación.
Al no valorar los testimonios de los informadores que declararon el juez, dice la Abogacía del Estado, coloca al fiscal general en situación de “indefensión”. Los periodistas declararon haber tenido acceso a los términos del pacto a través de fuentes directas de la negociación y antes de que lo conociera García Ortiz.
La Abogacía no ve revelación de secretos puesto que los correos que intercambiaron el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto fueron un mero “intercambio de opiniones” que la defensa de novio de Ayuso envió a un buzón genérico de la Fiscalía, por lo que esos correos “no son privados”.
Además, la defensa del fiscal general insiste en que “actuó en defensa” del Ministerio Público “para evitar la extensión de noticias inveraces”, que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, afirmando que había sido el fiscal quien ofreció un pacto de conformidad a González Amador.
Finalmente, la Abogacía insiste en que el fiscal general está sufriendo indefensión al omitir el instructor “hechos sustanciales y relevantes” al tiempo que “sostiene algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria alguna en lo instruido. Afirmaciones que colocando a esta parte ante una prueba diabólica de acreditar que no se ha producido lo que el Magistrado instructor opina que sí se habría producido, sin base probatoria alguna”.
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