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La Junta resalta en el Día Europeo de la Mediación su compromiso firme de promoverla con medidas innovadoras

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MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Corredera, ha participado este martes en los actos conmemorativos del Día Europeo de la Mediación organizados por el Grupo de Trabajo Mediación Málaga (GTMM), donde ha destacado “la firme” apuesta del Gobierno andaluz por impulsar esta vía alternativa de resolución de conflictos “poco explotada en España y en la que llevamos tiempo trabajando con medidas y servicios pioneros que ya están dando resultados”.

Corredera ha recordado que ya en la pasada legislatura se crearon los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), que en Málaga se encuentran tanto en la Ciudad de la Justicia de la capital como en los juzgados de Marbella. Cualquier persona puede acudir a ellos para que profesionales especializados les expliquen en qué consiste la mediación y cómo se puede iniciar un procedimiento de este tipo.

En el actual mandato se ha ido más allá y “la Consejería de Justicia ha diseñado toda una Estrategia de Mediación, dentro del Plan Estratégico de Justicia, con varias medidas ya en marcha”, ha remarcado.

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Así, la viceconsejera ha destacado que Andalucía es la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, recordando que desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para solicitar la asistencia jurídica de un abogado de oficio pueden pedirlo para procesos de mediación.

Entre enero y septiembre, los profesionales del sistema de Justicia Gratuita han certificado a la consejería 127 acuerdos cerrados en toda Andalucía. Por cada acuerdo perciben hasta 400 euros, el módulo máximo previsto en la orden que regula las retribuciones económicas del turno de oficio.

Otra de las medidas puestas en marcha el año pasado es la creación del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, que comenzó a funcionar en mayo en cinco provincias y en Málaga está operativo desde el 1 de septiembre.

En este tiempo los juzgados penales han derivado casi 1.600 asuntos, la mayoría por delitos leves de lesiones, amenazas y hurtos. El 87% de los casos ya tramitados en los que las partes aceptaron iniciar la mediación se resolvió con un acuerdo, lo que ha evitado casi 600 juicios.

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“En Málaga aún está despegando, es necesario que los jueces confíen en la mediación y deriven asuntos porque en este tiempo solo han llegado 35 y al menos en ocho casos los profesionales han conseguido que las partes renunciaran a litigar”, ha detallado Corredera.

Así, ha puesto en valor ejemplos como el de la titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Torremolinos (Málaga), Catalina Cadenas de Gea, nombrada miembro de honor del GTMM en el acto de este martes. Corredera ha defendido las ventajas de la mediación: “Es más rápida, ahorra costes, y resulta más satisfactoria para las partes porque son ellas las que acuerdan una solución, en vez de tener que aceptar la que impone un tercero, el juez”.

Además, ha incidido en la necesidad de explotar esta vía “para aliviar la alta tasa de litigiosidad andaluza y la sobrecarga de los tribunales, que provoca que se fijen juicios a dos y tres años vistas”.

En este sentido, ha señalado que una de las jurisdicciones más saturadas es la Social, por lo que otra de las medidas adoptadas por la Consejería es la reciente firma de un convenio de colaboración con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que estos profesionales especializados en Derecho laboral actúen como mediadores en casos de despidos, reclamaciones de cantidad y otras controversias entre empresas y trabajadores que deriven los juzgados a través de los PIMA.

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Corredera ha agradecido la “generosidad” del colectivo que se ha ofrecido a crear bolsas de profesionales voluntarios en cada colegio provincial para mediar en este tipo de asuntos y ha subrayado que la Junta “seguirá apostando” por esta vía que este año prevé extender al ámbito civil y mercantil, incluida además en la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que establece la obligación de intentar llegar a un acuerdo antes de iniciar un procedimiento de este tipo.

Desde hace unos meses la Consejería está difundiendo esta fórmula en el ámbito empresarial mediante foros organizados con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.


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