Rechazada la proposición del PP contra la reserva del 30% de vivienda protegida
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado estudiar la prohibición de compra de vivienda a extranjeros que no pretendan utilizarla para uso residencial, según ha propuesto ERC y han apoyado los grupos municipales del PSC y BComú, frente al rechazo de Junts, PP y Vox.
La concejal de ERC Eva Baró ha defendido los efectos positivos de esta política en los Países Bajos, con la cual pretenden que Barcelona no siga “en manos del mejor postor, vendiéndose a trocitos pequeños como si fuera un tablero de Monopoly”.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha compartido que “en un contexto de escasez de oferta de vivienda, los hogares no pueden servir como un activo financiero” y ha emplazado a reflexionar sobre qué pueden hacer las diferentes administraciones, entre ellas el consistorio, al respecto.
GRUPOS
El concejal de Junts Damià Calvet ha asegurado que esta política como está definida es “imposible”, mientras que el concejal de BComú Guille López ha apuntado que si bien la propuesta está alineada con lo que piensa su partido, opina que se queda corta y debería extenderse a todas las compras especulativas, no solo de extranjeros.
Por su parte, el portavoz del PP, Juan Milián, ha sostenido que el mercadeo de la vivienda no se puede regular “a golpe de prohibición” y ha defendido que los fondos de inversión pueden ser aliados con la vivienda, y el concejal de Vox Liberto Senderos ha destacado la ineficacia del intervencionismo en este ámbito, en sus palabras.
30% DE VIVIENDA PROTEGIDA
Asimismo, el PP ha presentado una proposición para eliminar la reserva del 30% de viviendas para el uso protegido en la ciudad y suprimir las zonas tensionadas, que no ha salido adelante por los votos en contra del PSC, Junts, ERC y BComú.
Por su parte, Bonet ha respondido al popular y ha lamentado que su propuesta apueste por la desregulación y por un mercado en el que los poderes públicos se convertirían en simples espectadores: “Culpan a la ley de la vivienda de todos los males”.
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