ALICANTE, 21 (EUROPA PRESS)
Compromís ha acusado este martes al PP de “desmantelar servicios públicos inclusivos” en la ciudad de Alicante debido al “paradigma de una gestión pésima y de abandono de la acción social”.
La portavoz de Servicios Sociales de la coalición en Les Corts, Nathalie Torres, ha explicado en una rueda de prensa –junto al portavoz municipal Rafa Mas– que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y el alcalde Luis Barcala “no han hecho nada por consolidar una estructura de atención a la ciudadanía más necesitada, al dejar morir el conocido como contrato-programa, una herramienta administrativa que garantizaba durante cuatro años la financiación de la acción social a las entidades locales valencianas”.
Torres, quien ha registrado una proposición no de ley en el parlamento autonómico para el “refuerzo urgente” de los servicios de atención social, ha señalado que “lo que está ocurriendo en Alicante es la clara ejemplificación del desmantelamiento de los servicios sociales públicos”.
“Los ayuntamientos y los servicios sociales llevan desde noviembre de 2023 advirtiendo sobre el fin del contrato programa”, ha remarcado la diputada, y se ha referido a las actas de las reuniones celebradas en noviembre de ese año y de 2024 en la dirección territorial de la provincia de Alicante.
Igualmente, ha indicado que “en junio de 2024, la Conselleria ya debería haber enviado las instrucciones para la renovación y no ha reaccionado hasta hace un mes”. “No creen en la inversión social. Para Camarero es solo un gasto”, ha agregado.
A juicio de Torres, “son muchos los ayuntamientos de menor tamaño que sí han tenido la voluntad de consolidar la ley de acceso a los servicios públicos valenciana, así como estructuras profesionales en estos cuatro años de duración del contrato-programa.
“Banyeres de Mariola, una ciudad de apenas 7.000 habitantes y gobernada por Compromís desde 2015, ha aprovechado el contrato-programa para aumentar un 50 por ciento las plazas de los equipos y establecer la práctica totalidad de la plantilla laboral”, ha sostenido Torres “como ejemplo contrario al alicantino”.
“AÑO Y MEDIO DE RETRASOS”
De otro lado, Mas ha manifestado que “el despido del 80% de la plantilla de trabajadoras sociales ya está ocasionando que los cálculos para ver reconocidos los derechos de dependencia superen el máximo legal que recoge la ley”.
“El contrato-programa se hizo para anular las subvenciones anuales a los ayuntamientos y que existiera una planificación a cinco años vista de la acción social de la Administración, para agilizar trámites y consolidar plantillas de trabajo, así como atender a los derechos sociales de las personas”, ha resaltado el portavoz municipal de la coalición.
Para el edil, “Compromís, que impulsó el contrato-programa, atendió a una demanda social y del sector para reforzar un escudo social y garantizar el acceso a los derechos ciudadanos allí donde van a pedir ayuda, que es a la puerta de los ayuntamientos”.
“El Ayuntamiento de Alicante es uno de los pocos que no ha hecho nada por paliar esta situación. Pasamos de los nueve meses establecidos como máximo para que una persona vea reconocido su derecho a la ayuda a una espera de mínimo año y medio. La situación es alarmante porque no solo han destrozado los equipo de trabajo, sino que dejan de atender directamente a las personas”, ha sentenciado Mas.
El portavoz de la coalición ha agregado que “ya no hay servicio de salud mental ni jurídico, y que se desatienden programas del departamento como el de atención infantil”.
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