TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de Castilla-la Mancha ha tomado en consideración el primer borrador de la Ley Inversiones Empresariales Estratégicas de la región que incluye entre sus novedades plazos más claros en la tramitación de nuevos proyectos empresariales o la instalación de oficinas centradas en el asesoramiento en financiación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.
Tal y como ha explicado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, esta norma “viene a sustituir a la anterior Ley de Proyectos Prioritarios que el Ejecutivo regional puso en marcha en 2020”.
Contempla mejoras en los procesos de agilización y tramitación normativa, permitirá que “los silencios administrativos, los tiempos y los plazos que prevé la anterior ley sean mucho más claros para los inversores”.
Respecto a los requisitos que fija el Ejecutivo Autonómico en la creación y mantenimiento del empleo y la inversión, la ley establece que sea de al menos tres años desde la puesta en marcha de la actividad, una vez declarada la inversión estratégica.
Establece un marco más definido en aquellos proyectos que no se concentran en un solo término municipal, sino que afectan a uno, dos o más municipios, de manera que se regularán los requisitos de creación de empleo y de tamaño de la inversión en función del municipio de mayor tamaño.
La ley también refuerza la figura de las unidades de acompañamiento empresarial, que se reformularán y pasarán a llamarse Unidades de Acompañamiento y Financiación Empresarial, que supone la apertura de oficinas de financiación en las cinco provincias de la región.
“Además de acompañar esos proyectos, ahora también a su vez va a permitir favorecer la financiación, tanto de las empresas que ya están establecidas en nuestra región, pymes y autónomos mayoritariamente, como también de aquellos proyectos de inversión que necesitan el acompañamiento en la financiación”, ha remarcado Franco.
Tras pasar por un proceso de información pública desde el 21 de febrero hasta el 19 de abril del 2024, ahora el borrador empezará su tramitación y nuevamente será también sometido tanto a la participación ciudadana, a los agentes sociales y a todas las personas que quieran opinar al respecto.
La norma se ha nutrido también de otras áreas del Gobierno como es la Consejería de Fomento y la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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