Peligero señala “se están intentando realizar todas las actuaciones tendentes al cobro” y recuerda la pandemia como una “hecatombe”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)
La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, ha afirmado este lunes que el expediente de reintegro de los cuatro millones de euros abonados a la empresa RR7 por parte del Servicio Canario de Salud por un millón de mascarillas sanitarias que no fueron entregadas “sigue abierto”.
En una intervención ante la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en pandemia ha apelado al “carácter reservado” de los datos tributarios para no ahondar en casos concretos pero ha señalado que se trata de un caso “de calado” al que se le hace un “seguimiento especial”.
“No podemos permitir el riesgo de que prescriba”, ha indicado, subrayando que se daría ese caso si durante cuatro años no se realiza ninguna acción desde la Agencia Tributaria Canaria para tratar de recuperar el dinero.
Peligero no ha querido aclarar si se ha recuperado parte del dinero, como en alguna ocasión ha deslizado el expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y se ha limitado a decir que “se están intentando realizar todas las actuaciones tendentes al cobro, como cualquier otro expediente”.
Ha comentado que con carácter general, se inicia un procedimiento de embargo automático cuando arranca un expediente de estas características, y se inicia con dinero en metálico y cuentas bancarias hasta los bienes menos líquidos, y en paralelo, una investigación sobre los afectados o sus familiares, incluso.
En esa línea ha señalado que son expedientes “largos” y “hay maestros” en ocultación de patrimonio y alzamiento de bienes, pero la agencia dispone de “herramientas jurídicas” para tratar de lograr el reintegro.
En caso de que finalmente no se logre recuperar el dinero, se declara al deudor “fallido” y el crédito “incobrable, aunque se puede reabrir en cualquier momento si hay nuevos indicios.
Peligero ha comentado también que las investigaciones “no son arbitrarias” sino que se establecen líneas de investigación con un plan de control anual basado en indicios por la experiencia de ejercicios anteriores o a través de un canal de denuncias.
Ha dicho que con carácter general en la administración pública “no se paga nada que no ha sido recibido” pero al mismo tiempo, ha reconocido que durante la pandemia sanitario el marzo de trabajo y pagos “se relajó y se flexibilizó” ante la necesidad que había de material sanitario.
LA PANDEMIA FUE UNA “ÉPOCA CAÓTICA”
Ha afirmado que fueron “momentos muy complicados” porque no había mascarillas para los trabajadores sanitarios y era “muy complicado” buscar proveedores, y aunque “a toro pasado” se pueda pensar que se hizo mal pagando por adelantado o sin contar con la certificación de haber recibido el material –Aduanas no les comunicó la eliminación del lote de mascarillas–, ha señalado que era una situación de “excepcionalidad” en la que se admitió la contratación de emergencia.
De hecho, ha descrito los tiempos de la pandemia como una “hecatombe” y una “época caótica” y aunque se han generado “distorsiones” en la aplicación de la ley de contratos públicos, entiende que ese momento también puede servir “para aprender”.
Ha señalado igualmente que no le consta el archivo provisional del Tribunal Cuentas, que se haya abierto una fiscalización, ni ninguna alegación de la Audiencia de Cuentas sobre interpretar mal la ley y ha asumido que la contratación administrativa es “endiablada” y muchas veces los plazos se alargan por recursos o por tener que empezar desde el principio. “Me puedo creer cualquier cosa”, ha explicado.
Ha señalado también que fue “muy duro” cerrar oficinas porque no se podían presentar cosas “en papel”, se tuvo que acelerar la implantación del teletrabajo y había “miedo” a que se filtraran datos fiscales de los contribuyentes.
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