SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Sevilla tiene fijado para este lunes un juicio, contra dos responsables de una empresa inmobiliaria para los cuales la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel y sendas multas de 1,95 millones de euros, por un supuesto delito contra la Hacienda Pública derivado de haber eludido presuntamente el pago de casi 650.000 euros en concepto de impuesto del valor añadido (IVA).
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados en este procedimiento judicial son J.K. y L.A.B.L., el segundo de ellos con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
El Ministerio Público relata que J.K. era el administrador único de la empresa inmobiliaria Casa Imperial, si bien en 2012 fue nombrado para tal cargo el otro acusado, L.A.B.L., que “pasó a ser el titular único de las participaciones de la mercantil”.
Pero como al no estar “debidamente depositadas las cuentas no pudo inscribirse dicho nombramiento en el Registro Mercantil”, según la Fiscalía, J.K. “continuó de facto ejerciendo el control, dirección y administración de la mercantil en colaboración” con el otro inculpado.
VIVIENDAS VENDIDAS A CAIXABANK
En ese marco, según el Ministerio Público, los acusados, “de común acuerdo, omitieron la presentación de las declaraciones trimestrales y anuales correspondientes al IVA de 2012, ocultando de este modo hechos imponibles devengados y cuotas efectivamente repercutidas y percibidas por la transmisión por vía de ejecución forzosa de determinados inmuebles a la entidad BuildingCenter”, una sociedad de CaixaBank dedicada a la desinversión de la cartera de inmuebles de dicha entidad financiera.
Gracias a ello, según la Fiscalía, los acusados “dejaron de ingresar 649.914 euros” a las arcas públicas por el citado concepto tributario, incurriendo en un presunto delito contra la Hacienda Pública, por eludir supuestamente el impuesto del IVA del ejercicio 2012.
PETICIÓN DE CONDENA
Dado el caso, la Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y sendas multas de 1,95 millones de euros, así como seis años de pérdida del derecho a obtener subvenciones públicas o beneficios fiscales; mientras para la empresa que controlaban, Casa Imperial, solicita la misma cuantía de multa como persona jurídica y el mismo periodo de retirada del derecho a obtener subvenciones públicas o beneficios fiscales.
Ello, de cara al juicio que tiene previsto celebrar en su contra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla este lunes, día 20 de enero.
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