El resto de municipios gobernados por el PP cumplirán la ley aunque muchos la critican
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Leganés se ha quedado solo en su negativa de aplicar la tasa de basuras que recoge la Ley de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular, en la que se obliga a todos los municipios de España a instaurarla antes del 10 de abril de este año.
Mientras que el resto de pueblos y ciudades gobernados por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid se han alineado con la posición del Gobierno regional y han aceptado implantarla a regañadientes, fuentes del Consistorio de Leganés han comunicado a Europa Press que, de momento, el alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), no se va a pronunciar más sobre el tema.
El alcalde de Leganés advirtió el 2 de enero en un vídeo en la red social X (antes Twitter) de que su Ayuntamiento no iba a imponer el tributo estatal. “Ni vamos a aplicar para este 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez y tampoco vamos a subir ningún otro impuesto. Creemos en una fiscalidad baja y, con eso, prestar el mejor de los servicios”, mencionó en aquel momento.
Las citadas fuentes del municipio han señalado que el Gobierno local, formado por el PP y ULEG, “está centrado en sacar los Presupuestos”, que se encuentran en proceso de negociación, un tema que consideran “lo suficientemente importante como para no pronunciarse” sobre el tema de la tasa de basuras.
Uno de los últimos municipios en abandonar la oposición frontal para aplicar el impuesto ha sido Torrelodones, que esta semana confirmó a Europa Press que la tasa “irá al Pleno municipal próximamente” y que la localidad “va a cumplir la Ley”.
A finales de año, las desavenencias entre el Gobierno del PP y Vox, cuyos votos son necesarios para sacar adelante la modificación de las ordenanzas fiscales, provocaron que el Ayuntamiento tuviera que aplazar la creación del nuevo impuesto. La concejal delegada de Hacienda del municipio, Concha Pastor, ya advirtió en diciembre de que “el objetivo es apurar los plazos y conseguir el consenso necesario entre los grupos políticos para aprobar la tasa antes de abril de 2025”.
Otro de los municipios que ha mostrado su rechazo total a la medida es Alcobendas, donde la alcaldesa, Rocío García, reafirmó su compromiso hace unos meses de “no aplicarla hasta la imposición del Gobierno central”. “En Alcobendas nos negaremos a cobrar a los vecinos salvo que lo imponga la ley. Si el Gobierno de la nación rectifica y elimina la obligatoriedad de este ‘basurazo’ de Sánchez, Alcobendas nunca cobrará la tasa de basuras”, expresó la regidora. Hasta el momento no ha habido ninguna rectificación por parte del Gobierno central, así que Alcobendas terminará aplicándola, previsiblemente.
EL GOBIERNO REGIONAL PIDE CUMPLIR LA LEY
A principios de semana, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, pidió a los ayuntamientos de la región que cumplieran con “el sanchazo” de la tasa de basuras aunque no lo compartieran, en lo que fue un reproche velado a la posición del alcalde de Leganés. García Martín insistió también en su postura en contra, pero solicitó acatar la ley estatal.
Estas declaraciones se produjeron unos días después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advirtiera al Ayuntamiento de Leganés y a los municipios “insumisos” de la obligatoriedad de implantar el impuesto municipal. “Es llamativo que haya algún tipo de insumisión por parte de ayuntamientos del PP, cuando el propio Partido Popular no se opuso (se abstuvo) a esta ley en el trámite parlamentario, se sostuvo y favoreció su aprobación”, respondió la semana pasada en una entrevista en la ‘Cadena Ser’.
La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), considera que supone “una carga directa” para los ciudadanos y un “ataque a la autonomía fiscal municipal, al trasladar la financiación de la gestión de los residuos exclusivamente a los ayuntamientos, sin ofrecer los recursos necesarios”. Pero, a su vez, expone que “todos los alcaldes” están obligados a cumplir la ley.
La Ley de Residuos y Economía Circular recoge en su artículo 11 que “las entidades locales establecerán una tasa […] que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.
Además, da un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la norma para implantar el impuesto, un tiempo que termina el 10 de abril de 2025.
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