MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular señaló este sábado que el Gobierno deberá responder por escrito si los ministros Félix Bolaños y Óscar López, y los dos secretarios de Estado de Comunicación cesados en un margen de 20 días “cambiaron de móvil como Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz en plenas investigaciones al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos”.
En concreto, el PP registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para conocer “si más miembros del Gobierno han actuado como el presidente y García Ortiz en lo que parece un intento de destruir pruebas”.
Lo hace en una semana en la que el Tribunal Supremo dio por “apuntalada” la actuación “del fiscal de Sánchez” en los hechos por los que se le investigan e implicó a Presidencia del Gobierno en las “gestiones” para difundir un correo electrónico filtrado desde la Fiscalía General, tal y como indicaron fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Después de que la UCO confirmara que el fiscal general “borró” todos los mensajes que envió y recibió durante los días que se están investigando y que cambió de número de teléfono, informaciones periodísticas apuntan que Sánchez “tomó la misma decisión” tras conocer las investigaciones y que Bolaños “también podría haber instalado el Whatsapp en otro teléfono”.
Por todo ello, el GPP quiere saber cuántos miembros del Gobierno y del gabinete de Presidencia han cambiado de número en los últimos tres meses.
Desde Moncloa, lamentan las citadas fuentes, tratan de justificar estos cambios aludiendo a motivos de seguridad y, por ese motivo, el GPP pregunta por qué no se tomó esta decisión hace tres años, cuando el Gobierno confirmó el hackeo, a través del sistema Pegasus, de los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.
Según estas fuentes, al Gobierno y al fiscal general del Estado “se les están acabando las excusas y acumulando las explicaciones”. Todo apunta a que Presidencia “estaba al tanto” de unos hechos que podrían ser “constitutivos de un delito” de revelación de secretos y, por eso, “ya no vale que respondan” con un ‘eso no importa ahora’, como contestó García Ortiz a la fiscal superior de Madrid cuando le preguntó directamente si había filtrado un correo privado.
Asimismo, destacan que puede que al presidente del Gobierno, como “a su fiscal”, no le importe la “degradación institucional a la que nos conduce”, pero “al resto de españoles, sí”, y, por ese motivo, él y su Gobierno “tendrán que rendir cuentas”.
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