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En Granada, Córdoba, Almería y Málaga se implementa la zona de bajas emisiones, siendo Sevilla la única que aplica multas

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SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Sevilla es la única capital andaluza que multa ya a los vehículos que no cumplen con los requisitos de las zonas de bajas emisiones, medida que todavía está sin implantar en Huelva, Jaén y Cádiz. En el caso de Córdoba, Granada, Almería y Málaga su implantación es por el momento a título informativo, ya que aún no viene aparejada de sanciones. En el caso de Granada, se empezará a multar en abril de 2025 mientras que en el caso de Málaga la medida está implantada, pero en el primer año, que concluye en noviembre del presente 2025, pueden acceder vehículos de todo tipo. Almería ha puesto en marcha la zona de baja emisiones “con advertencia de sanciones”.

En el caso de Córdoba, la puesta en marcha del sistema se ha producido en octubre de 2024. “En estos momentos estamos en fase de información y sensibilización a los usuarios por lo que si llega algún incumplimiento éste se notifica a modo de advertencia y no de sanción económica”, ha explicado el Ayuntamiento.

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En Sevilla, las multas, de 200 euros, han comenzado a imponerse el pasado 1 de julio de 2024 tras seis meses de periodo informativo de la zona de bajas emisiones. En el caso de Granada, la zona restringida entró en vigor el 1 de octubre de 2024 pero el Ayuntamiento de la capital no empezará a multar hasta abril de 2025 en los 23,5 kilómetros cuadrados con restricciones, el grueso de la trama urbana de la ciudad. Por último, Málaga, con la zona en vigor desde noviembre de 2024, no sancionará hasta noviembre de este año. Almería ha sido la última en incorporarse –el pasado 1 de enero– y por el momento “con advertencias de sanciones”.

En el extremo opuesto, se encuentran Jaén, Huelva y Cádiz. En la capital jiennense, el anterior gobierno municipal (PP y Jaén Merece Más) dejó en tramitación un borrador del proyecto técnico y aseguró que las restricciones serían “laxas” porque “no se observan gases contaminantes que superen los límites establecidos”. Una previsión que se mantiene con el nuevo equipo de gobierno de PSOE y JM+.

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En el caso de Huelva, aunque ya están delimitadas las zonas afectadas –el centro de la ciudad y el Barrio Reina Victoria–, aún el Ayuntamiento no ha adjudicado el contrato a la empresa que tiene que suministrar los elementos necesarios para su implantación; por último, en Cádiz, en noviembre de 2024 comenzaron a instalarse 38 cámaras en la zona que comprende el Casco histórico y en el tramo del Paseo Marítimo desde la Glorieta hasta Cortadura, aunque aún no están operativas.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2022 el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones que incluyen medidas como restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos y que deben aplicarse en los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados.

El establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) quedó establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, los municipios con aire contaminado tendrán que adoptar, entre otras medidas, planes de movilidad urbana sostenible para reducir las emisiones de gases contaminantes. En el caso de Andalucía, un estudio reciente de Ecologistas en Acción indica que Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba están entre las diez capitales de España con el aire más contaminado por dióxido de carbono.

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El Real Decreto establece los requisitos mínimos homogéneos que tendrán que cumplir los municipios afectados. El Ministerio para la Transición Ecológica elaboró con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), unas directrices para la creación de ZBE que pudieran emplear las entidades locales como guía para su implantación y que fueron presentadas el 19 de noviembre de 2021.

Las ZBE podrán establecer medidas de carácter “continuo o temporal” como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.


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