Expertos piden más “cuantía, intensidad y velocidad” a las ayudas y reclaman la cooperación entre Gobierno y Generalitat
VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
Las inundaciones provocadas por la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia pueden haber destruido al menos el 20 por ciento de activos públicos y privados de los municipios inundados, de un total de 85.900 millones de euros, lo que supondría que la magnitud de las pérdidas superaría los 17.000 millones de euros, según un estudio del Instituto Valenciano de Estudios Económicos (Ivie).
Así lo han detallado este viernes en rueda de prensa el director y director adjunto del Ivie, Francisco Pérez y Joaquín Maudos, respectivamente, quienes han presentado el informe ‘Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia’, realizado por varios investigadores y economistas del Instituto.
Pérez ha explicado que, entre las principales evidencias de la investigación, se revela que el impacto destructivo inicial “es mayor sobre activos privados y públicos (viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales, industriales y agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras de todo tipo) que sobre los flujos (renta)”, aunque ha precisado que “la capacidad de generar valor añadido se va a ver afectada” mientras no se repongan los activos.
En cuanto al valor de stock capital en los 89 municipios afectados –exceptuando la ciudad de València, donde se vieron afectadas pedanías del sur–, según los últimos datos disponibles de 2021, se estima en 85.900 millones de euros (que supone el 35% de la provincia de Valencia), de los que es “fundamental” conocer qué porcentaje se ha destruido.
De acuerdo con las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja, los daños en los activos de las empresas superarían los 13.000 millones de euros. Al añadir los porcentajes de daños en el stock de viviendas –las situadas en plantas bajas– y sumando la “importante” destrucción de infraestructuras, que el Ministerio de Transportes y la Generalitat estiman en unos 2.900 millones de euros, pueden haberse perdido en conjunto, al menos, el 20% de los activos totales.
De esta forma, Pérez ha señalado que consideran que “las pérdidas de activos no serán menores de 17.000 millones euros”, aunque no puede dar en estos momentos una cifra “más precisa”. Estas pérdidas supondrían una cifra “muy superior” a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024, ya que el cálculo de esta magnitud no tiene en cuenta la destrucción de activos que supone la depreciación súbita y extraordinaria de parte del stock.
Por ello, ha resaltado que las pérdidas de activos deben ser la “referencia fundamental” para estimar el alcance de las ayudas directas necesarias, no el PIB. “Es muy importante que se tengan en cuenta al menos los 17.000 millones de destrucción y que las ayudas tapen ese agujero, que sean rápidas y proporcionales al daño, y con capacidad para reponer el stock capital perdido”, ha sostenido Pérez.
“MÁS AYUDAS Y CON MAYOR RAPIDEZ”
Así, ha recalcado que “hacen falta más ayudas y con mayor rapidez” y ha agregado que estas “tienen que venir fundamentalmente del Estado”, al ser una administración con más presupuesto, a lo que se suma la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Al respecto, tanto Pérez como Maudos han expresado que “de momento” las ayudas a fondo perdido aprobadas por el Ejecutivo central solo cubren una “parte reducida” de los daños estimados sobre el stock de capital. Maudos ha cuantificado, de acuerdo con las cifras publicadas por la Airef, en 11.000 millones de euros las ayudas directas, por lo que cree que “la proporción es pequeña” en relación a las pérdidas estimadas.
Además, ha mostrado “preocupación” por el tejido productivo empresarial, ya que suman 1.040 millones en ayudas directas a empresas, explotaciones agrícolas y al sector cultural, frente a los 13.300 millones de pérdidas según la estimación de Cámara Valencia, lo que a su juicio supone una “desproporción”.
En cuanto a las ayudas que deberían llegar en primer lugar, Pérez ha destacado que primero se debe atender “la operación de salvar a las personas”. “A continuación, lo que vaya orientado a minimizar el riesgo de que algunas actividades empresariales no vuelvan a abrir por incapacidad de resistir el shock”, ha precisado.
“INSUFICIENTE ESFUERZO INVERSOR”
La investigación del Ivie analiza los 89 municipios afectados, una zona “de elevada dimensión demográfica y económica, lo que aumenta los retos”. Estas localidades que cuentan con 1.084.013 habitantes –el 40% de la provincia– y 63.182 empresas –el 35,6%– y que concentran el 30,7% del empleo y el 29,7% del PIB de la provincia.
En cuanto a los 15 municipios de la zona cero, con 269.695 habitantes, tenían 15.752 empresas (8,9% de la provincia), 5.297 millones de euros de valor añadido y 92.174 empleados (ambas un 8% de la provincia).
El estudio señala que los daños de la dana se han agravado por el “insuficiente esfuerzo inversor en infraestructuras públicas”, especialmente en hidráulicas, que a principios del siglo se situaban en torno a 250 millones de euros anuales en la provincia de Valencia y que se reducen a 50 millones a partir de 2011 (tras la crisis financiera).
Esta falta de inversión se agrava ante la mayor probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos a causa del cambio climático y por las características del territorio, que es particularmente vulnerable a las inundaciones.
PROPUESTAS PARA RECONSTRUCCIÓN
En este contexto, el estudio plantea propuestas para afrontar la reconstrucción, que ha desgranado Maudos. En concreto, plantea que las ayudas tienen que tener una “cuantía, intensidad y velocidad y que duren suficiente”, una velocidad que debe ser “todavía mayor” en la zona cero. Para ello, piden la cooperación entre Gobierno y Generalitat.
Por otra parte, destaca la conveniencia de elaborar un plan de acción a medio y largo plazo para prevenir y amortiguar daños futuros, que dé seguridad a los inversores, porque “es importante infundir optimismo”.
Recomienda hacer un seguimiento de la recuperación mediante indicadores como los ERTE –que a fecha 8 de enero afectaban a 29.046 en los 89 municipios, con 14.539 de l’Horta Sud y 13.786 de la zona cero–. Por sectores, en la zona cero los más afectados son hostelería; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; actividades inmobiliarias; manufacturas; comercio y reparación; educación; y actividades sanitarias y de servicios sociales.
RESIDENTES EN ZONAS INUNDADAS
También propone aprovechar herramientas de análisis como la georreferenciación para un diagnóstico más completo del impacto de la dana, ya que con imágenes de satélite como las del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus se revela que la población residente en la zona inundada ascendería a 306.163 personas –el 28,9% de la población total de los municipios afectados y el 11,8% de la provincia de Valencia–.
En los municipios de l’Horta Sud, la población de las zonas inundadas es de 214.531 habitantes, un 45,5% del total de dichos municipios; mientras que en la zona cero los habitantes de zonas inundadas representan el 77,7% del total (201.661 personas).
Igualmente, aboga por revisar el ranking de prioridades de gasto público, para que adquiera más relevancia la inversión frente al gasto corriente; y aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas. Además, las inversiones tangibles deben ser complementadas con otras en activos intangibles, como la inversión en educación o formación en respuesta a las emergencias, para personal especializado y ciudadanía.
También recalca la importancia de aprovechar la reconstrucción del tejido productivo para modernizarlo, ante el “problema de baja productividad” en la economía valenciana.
- Te recomendamos -
