MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, urgió este jueves a la Unión Europea a “luchar de forma más decidida” contra el ecopostureo.
Así lo reclamó durante su intervención en el acto de presentación en Bruselas de la ‘Guía de Comunicación Sostenible’ que, bajo el título ‘Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas’, lanzó en marzo el departamento que lidera coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y que está dirigida a empresas. El acto tuvo lugar en el seno de la Unión Europea y contó con la presencia de la directora general de Política del Consumidor de la Comisión Europea, Isabelle Pérignon, y del director general de la Organización Europea de Consumidores, Agustín Reyna.
Esta guía presentada por Bustinduy es pionera en Europa y consta de 60 páginas que han sido traducidas al inglés y en las que se ofrece información “detallada” de cómo identificar el ‘greenwashing’ o ecopostureo que llevan a cabo algunas compañías, es decir, promocionar sus productos o sus servicios como “respetuosos” con el medio ambiente “sin que haya una evidencia científica que lo avale”, tal y como explicitó Consumo en un comunicado.
En el transcurso de su alocución, Pablo Bustinduy puso de relevancia que, según la normativa vigente, una empresa que haga afirmaciones medioambientales no verificadas estaría incurriendo en prácticas desleales, ya que supondrían una información “engañosa” para las personas consumidoras, y esto, advirtió, “les impide evaluar si el producto o el servicio que están comprando es realmente sostenible con el medio ambiente”.
Según datos aportados por Consumo en España, el 42% de las afirmaciones ambientales que hacen las compañías son “cuestionables”, mientras que el 58% de los productos y de los servicios que se ofertan como respetuosos con el medio ambiente “carece” de la información necesaria para ser verificada, esto es seis de cada diez productos.
LUCHA MÁS DECIDIDA
“Tenemos que luchar de forma más decidida contra el ecopostureo y esta guía es una buena herramienta para hacerlo, no solo en España, también en toda Europa”, defendió el ministro Bustinduy, quien aseveró que el derecho a un consumo sostenible “es fundamental”. Por ello, hizo un llamamiento a las empresas para que cumplan con las regulaciones ambientales y ofrezcan “información veraz con la que puedan avalar que realmente están comprometidas con los objetivos climáticos”.
En la presentación de esta guía también estuvo presente el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, quien subrayó que el documento recoge, además, información sobre la legislación que hay en torno al greenwashing.
En este sentido, explicó que, si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables, esto podría considerarse una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Barragán agregó que la guía ofrece, además, información de próximos cambios en términos legislativos, tanto desde el gobierno español como desde Bruselas, y señaló dos proyectos normativos de la Unión Europea que, en España, se traspondrán a través de la futura Ley de Consumo Sostenible, como son la Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información y una propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (‘Green Claims’).
LEY DE CONSUMO SOSTENIBLE
Por lo que se refiere a la futura Ley de Consumo Sostenible, el ministro Bustinduy reivindicó “el gran impacto positivo que tendrá a nivel ambiental, social y económico” y avanzó que va a favorecer “la transición verde y un entorno de confianza para consumir”.
En paralelo, recalcó que la ley garantizará que todas las personas puedan acceder a productos sostenibles “sin depender de los ingresos que tenga cada una” y que este derecho sólo podrá hacerse realidad si tanto las empresas como las administraciones públicas demuestran su compromiso.
Según puntualizó su gabinete, en la presentación de esta guía se aportaron “datos relevantes” que recoge este documento, como que, según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios llevan alegación medioambiental y estos certificados “influyen positivamente” en las compras del 72% de los españoles, tal y como indica una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible.
Por otra parte, informó de que, en base a un informe de la Red de Cooperación para la Protección al Consumidor, el 42% de las alegaciones medioambientales son “dudosas” y el 57,5% “no dan información suficiente para ser verificadas”.
Junto a ello, hizo referencia a un estudio de Funcas que concluye que cerca del 80% de los españoles se muestra “muy o bastante preocupado” con la amenaza del cambio climático y nueve de cada diez europeos lo consideran un problema grave atendiendo a datos del Eurobarómetro.
Por último, durante la presentación de la guía se puso “en valor” también la acción que ha liderado Consumo desde España, en coordinación con la Comisión Europea, ante 20 aerolíneas que habrían hecho afirmaciones medioambientales no verificables y cuya información está siendo monitoreada junto a otras autoridades nacionales de la Red Europea de Cooperación para la Protección a la Persona Consumidora (Red CPC).
En este contexto, el ministerio que dirige Bustinduy recordó que ya en abril de 2024 se derivó una advertencia a estas 20 compañías aéreas en relación a los cambios que tenían que hacer para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ecopostureo.
A este respecto, confirmó que, en la actualidad, “se está en diálogo” con estas aerolíneas a las que se ha “advertido” de que, en caso de que no resuelvan los problemas detectados, las autoridades de la Red CPC podrían adoptar “nuevas medidas, incluidas sanciones económicas”.
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