Exige fijar un reparto obligatorio entre CCAA y asegura que hay menores que “temen” convertirse en adultos porque “no saben qué será de ellos”
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional ha enviado una carta a todas las autoridades competentes –gobiernos autonómico, central y partidos políticos– para incidir en la necesidad de respetar el interés superior del menor en los centros de menores migrantes de Canarias en la que alerta, entre otras cosas, de falta de intérpretes, asistencia jurídica gratuita y descoordinación.
En un comunicado constata la “masificación” de los 82 centros que hay en el archipiélago, ya que están “muy por encima de su capacidad y con unos recursos humanos y medios económicos insuficientes”, sin obviar los “problemas de coordinación” entre las distintas instituciones, incluyendo el uso de diferentes criterios por parte de Policía Nacional, Fiscalía o la propia Dirección General de Infancia.
“Esto tiene gravísimas consecuencias, tanto en los derechos de los niños y niñas, mientras son menores, como, y sobre todo, cuando deben enfrentarse a la vida adulta. Hemos hablado con niños que temen convertirse en adultos porque no saben qué será de ellos”, declara Virginia Álvarez, responsable del área de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España.
En su opinión, la falta de una adecuada diligencia en la tramitación de la documentación necesaria en tiempo y forma que permita que los menores salgan de los centros con un permiso de residencia, y que les habilite para trabajar, es uno de los temas que más preocupan a los menores migrantes.
“Cuando cumples 18 años tienes que buscarte la vida, pero cómo lo vas a hacer si no tienes nada. Muchos chicos tienen que irse –del centro de acogida– al cumplir la mayoría de edad, pero se van sin nada. Tengo miedo de que esto me pase a mí también”, señala Pierre, camerunés de 17 años que lleva dos años y dos meses en Canarias después de emigrar para ayudar a su madre y hermanos.
Similar es el miedo de Amil, que llegó con 17 años a Canarias desde Marruecos, a principios del año 2023, después de que su embarcación fuera rescatada por Salvamento Marítimo.
Le llevaron a un centro de menores, que tuvo que abandonar en octubre de ese mismo año y cuando se marchó, lo único que le entregaron fue su pasaporte, resaltan desde Amnistía Internacional.
Así, tras quedarse en la calle, pudo estar unos meses en el campamento para migrantes Canarias 50, desde donde iniciaron los trámites para solicitar el permiso de residencia, aunque en el momento de la entrevista estaba nuevamente en situación de calle.
“EL SISTEMA ESTÁ ABANDONANDO A LOS CHICOS”
Cuando salió del centro de menores por cumplir la mayoría de edad, nadie le informó de su situación administrativa –de hecho, su petición de permiso de residencia ya había sido denegada por haber sido solicitada fuera de plazo–, ni tampoco de que, al abandonarlo, su empadronamiento sería dado de baja y le retirarían su tarjeta sanitaria.
“El sistema está abandonando a estos chicos y chicas, dejándoles sin herramientas para lograr su integración social”, lamenta Virginia Álvarez.
La asociación también considera que deben reforzarse los mecanismos de denuncia para que sean “accesibles y efectivos” y así los menores puedan contactar con las autoridades en caso de ser necesario.
También debe mejorar la supervisión de los centros de acogida de emergencia al tiempo que resalta que no existen protocolos adecuados para garantizar la derivación a recursos adecuados de niños y niñas con necesidades específicas, tales como víctimas de trata, solicitantes de protección internacional y menores con problemas de salud mental.
Amnistía Internacional considera igualmente que debe establecerse una estrategia que incluya medidas “adecuadas y contundentes” para combatir el racismo contra los niños y las niñas no acompañados, especialmente cuando viene por parte de corporaciones locales o de responsables políticos.
En ese sentido advierte de señalamiento y estigmatización a los menores en distintos ámbitos, incluso en algunos centros sanitarios por su personal, o presiones xenófobas para dejar de atenderles.
“Dos años llevan las comunidades autónomas sin asumir su responsabilidad en la acogida de estos niños y niñas, tal y como es su obligación según los tratados internacionales. Las autoridades y partidos políticos deben adoptar de manera urgente e inmediata una propuesta de reparto vinculante, obligatorio y equitativo que permita garantizar una adecuada acogida a todos los niños y niñas extranjeros tutelados por cualquier administración”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
4.700 EN LAS ISLAS AL CIERRE DEL AÑO
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, a fecha de 31 de diciembre de 2023 figuraban inscritos en toda España 12.878 menores no acompañados, con 4.700 en la red de acogida canaria, un 36,5% del total del Estado.
Además, a fecha de agosto de 2024, solo 192 niños y niñas habían sido trasladados desde Canarias a otras comunidades autónomas.
El Gobierno canario ha informado a Amnistía Internacional de que para intentar paliar esta situación se están abordando nuevos planes y acciones tendentes a mejorar la acogida de los niños y niñas migrantes, entre ellos la capacitación del personal que trabaja en los dispositivos de acogida, para fortalecer la detección de vulnerabilidades y niños y niñas necesitadas de protección internacional, y que se han destinado 200 millones de euros para implementar estas mejoras.
También ha asegurado que se está trabajando en un plan conjunto con las entidades de colaboran con la administración, para la mejora y revisión de protocolos y en noviembre se fortaleció con 20 personas, entre ellas diez con perfil técnico, el equipo de trabajo de la Dirección General de Infancia, señalan desde Amnistía.
Con todo, la organización pide asegurar la protección jurídica efectiva de los menores y descartar la devolución a Marruecos; garantizar la correcta identificación y un protocolo uniforme de certificación de edad; facilitar el asilo y un itinerario de integración; dar recursos económicos adecuados a Canarias; que haya mecanismos de denuncia accesibles para los menores; reforzar los servicios sanitarios en El Hierro; combatir el racismo y la discriminación y aprobar un reparto obligatorio entre todas las comunidades.
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