Su equipo legal afirma que “no se encuentra bien” y recalca que “ya dio sus explicaciones ayer” tras su arresto
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se ha negado este jueves a comparecer ante la Oficina Anticorrupción a pesar de encontrarse bajo custodia precisamente por haberse negado a declarar en el marco de las investigaciones por presunta insurrección y abuso de poder en relación con la declaración de la ley marcial el pasado mes de diciembre.
La propia oficina ha dicho haber recibido una notificación del equipo legal de Yoon, que ha señalado tan solo diez minutos antes de la hora programada para tomarle declaración que el mandatario no se presentaría.
La decisión ha sido tomada tan solo un día después de que los agentes lo sometieran a un interrogatorio que duró diez horas pero del que apenas han logrado sacar información dada la negativa de Yoon ha posicionarse o pronunciarse sobre lo sucedido aquel día.
Uno de sus abogados, Yun Gap Geun, ha afirmado que Yoon no tiene intención de someterse a más interrogatorios a pesar de que la Oficina Anticorrupción haya asegurado que la sesión ha sido pospuesta. “El presidente Yoon no se encuentra bien y ya dio sus explicaciones ayer, por lo que no hay nada más sobre lo que preguntarle”, ha aseverado Yun.
El presidente, que se encuentra a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su destitución, fue trasladado el miércoles a un centro de detención tras ser interrogado. Así, se ha convertido en el primer presidente del país en ser arrestado.
En un vídeo grabado y publicado tras su arresto, Yoon afirmó que ha “decidido aceptar comparecer para evitar un derramamiento de sangre” a pesar de que considera que se trata de “una investigación ilegal”. En este sentido, ha reiterado que la declaración de la ley marcial fue un “ejercicio de autoridad presidencial” destinado a enviar una advertencia al principal partido opositor ante una “crisis nacional”.
Mientras, sus abogados han presentado un recurso ante un tribunal de Seúl para lograr su puesta en libertad inmediata por considerar que su arresto es ilegal. La corte tiene 48 horas desde la presentación de la apelación para interrogarlo.
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