TOLEDO, 16 (EUROPA PRESS)
El Proyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha ha salido adelante este jueves con el voto favorable de PP y PSOE en las Cortes regionales, mientras que Vox se ha abstenido.
Desde el inicio del debate, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido unanimidad de PP y Vox para la aprobación del Proyecto de Ley, Vox lo ha supeditado a la aprobación de sus siete enmiendas mientras que PP ha trasladado su voluntad para que la norma salga adelante con el mayor apoyo posible.
La retribución de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha o cuestiones de paridad en la composición de sus miembros han sido uno de los aspectos de discrepancia entre el PSOE y Vox durante el debate de las propuestas.
Ángel Tomás Godoy, por parte de los socialistas, ha lanzado la presuposición de su grupo a transar algunas de las enmiendas de Vox, “para intentar que esta ley salga por unanimidad –aunque no es necesario–“, pero sí le “parece algo importante para la sociedad de Castilla-La Mancha, puesto que la unanimidad siempre genera una mayor seguridad jurídica”.
VOX PIDE ELIMINAR RETRIBUCIÓN
Desde las filas de Vox, Luis Juan Blázquez ha comenzando su intervención reprochando al Gobierno regional que “el propio Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha les ha avisado de que su norma carecía de rigor técnico y, prácticamente, ha tenido que ser modificada en casi su totalidad”.
Ha demandado que los miembros que forman parte del Consejo Social no reciban retribución “sin perjuicio de que reciban una compensación por ejercer esas funciones”, no ven necesaria la “regla de paridad de género” ya que existe una ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, por lo tanto, “esa igualdad ya se encuentra garantizada”.
Además, quieren una reducción del número de miembros pasando de catorce a ocho, porque “el protagonismo de sindicatos y patronal en esta ley no está relacionado con aproximar la universidad a perfiles más técnicos o empresariales”, y piden “recuperar el régimen de incompatibilidades que se incluía ya en el anterior texto de la ley y que, sin embargo, el PSOE ha suprimido en este nuevo texto”.
“Si quieren alcanzar la unanimidad, lo tienen fácil. Tienen que apoyar la siete enmiendas de Vox”, ha reiterado Blázquez.
Tras este ofrecimiento, Godoy, que ha acusado a los del partido de Santiago Abascal de utilizar “ChatGPT en la exposición de motivos” de la norma, ha señalado que no pueden ceder en cuestiones como la perspectiva de genero en los miembros del Consejo Social, algo que a los de Vox les da “alergia y urticaria”.
También ha intentado persuadir a Blázquez en su petición para quitarles su retribución argumentando que muchos de sus miembros no lo cobran, y para otros, es necesaria esta retribución, porque no tienen otra fuente de ingresos.
“Esas retribuciones que no cobramos los miembros del Consejo Social las dejamos para que se generen unas becas para aquellos alumnos que tienen situaciones sobrevenidas y que tienen dificultad a la hora de pagar la matrícula. Fíjese la diferencia de la concepción que tienen los miembros del Consejo Social a la que usted ha querido traer en esta tribuna para decir que prácticamente aquellos que quieren ir al Consejo Social son unos peseteros y lo único que quieren es cobrar. Todo lo contrario”, ha aseverado Godoy.
PP TRASLADA VOLUNTAD DE ACUERDO
Por su lado, la diputada del PP María José Gil ha agradecido el acuerdo conseguido con todos los grupos políticos durante la tramitación de esta ley. “Entendemos que se plasma nuestra voluntad de adaptar con las mejores garantías el nuevo texto de la ley del Consejo Social a lo dispuesto por la ley orgánica. Contribuimos a que salga adelante esta ley atendiendo al interés general que para nosotros es fundamental”, ha afirmado.
La representación del tercer sector o una mención en la composición de su comisión ejecutiva son propuestas planteadas por el PP “que se ajustan a la realidad social actual” y que son condición para “esta renovada ley del Consejo Social salga hoy adelante con el máximo apoyo posible”, ha afirmado la diputada del PP.
No obstante, el Grupo Parlamentario Popular también espera que este nuevo Consejo Social sea un organismo dinámico, que apueste más por las relaciones en su entorno, por captar fondos y por estrechar aún más las relaciones con los estudiantes y con la sociedad. “Queremos un órgano funcional, capaz de dar respuesta a las necesidades de la universidad y de nuestros estudiantes, sobre todo en el ámbito laboral”.
Gil ha pedido “otros compromisos” al Gobierno regional como “una nueva ley de universidades prometida en 2023 y que la nueva ley del deporte, que acaba de salir a información pública, entre en vigor en 2025, como ha sido anunciado”.
LOS PRIMEROS EN ABROBARLA
Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha invitado a los partidos a sumarse a esta ley de manera unánime.
Se ha felicitado por que este jueves Castilla-La Mancha se convierte en “la primera comunidad autónoma que hace esta modificación de ley”. Cumpliendo lo que marcó la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, “para darle mayor relevancia a dicho organismo” con el objetivo de que quede regulada la composición de los consejos sociales por ley para que “el funcionamiento sea eficaz, eficiente y establecer un estatuto para sus miembros”.
El Consejo Social fue constituido en el año 1991 en Albacete, “hace ya 34 años”, y surge como un órgano esencial de participación ciudadana en la gestión universitaria.
Entre las novedades, Pastor ha destacado el aumento de dos personas, pasando de 19 a 21 personas, incluida la persona que ostenta el cargo de Presidencia y garantizándose también que dicha composición sea equilibrada entre hombres y mujeres.
Se introducen también nuevos perfiles en los nombramientos: el designado entre entidades, fundaciones o empresas que tengan suscritos convenios, contratos de investigación, docencia, también de prácticas o de colaboración con la Universidad y el designado a propuesta de la Confederación de Entidades de Economía Social de Castilla-La Mancha o la la designación a propuesta de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha.
Además, con esta modificación de ley, se incluye por primera vez la figura de la Vicepresidencia del Consejo Social. También se adecúa el procedimiento de la designación de los miembros cumpliendo y correspondiendo al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la designación de los vocales del Consejo Social en representación de los diferentes intereses sociales que tiene la sociedad castellanomanchega.
Y por último, en cuanto a las funciones del Consejo Social, se diversifican en la planificación, el desarrollo institucional, la gestión económica y académica, la participación en el Consejo de Gobierno de la Universidad, entre otras, “incorporando además el equilibrio de género y reforzando la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta Universidad cuenta con más de 28.000 estudiantes e imparte, a día de hoy, 54 titulaciones de grado, 13 dobles grados, 52 máster y 18 doctorados.
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