MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
Las asociaciones de jueces y fiscales plantearon al Ministerio de Justicia, con cuyos representantes se reunieron este miércoles, una urgente ampliación de las plazas judiciales para modular la carga de trabajo y expresaron su preocupación por el incremento de casos en los juzgados de violencia de género.
Justicia convocó ayer a la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales para hablar de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Por parte del ministerio estuvieron el secretario de Estado de Justicia, la directora general de Innovación y Calidad de Justicia y varios asesores.
El objeto de la reunión fue informarles de los planes ministeriales para implantar la norma y asegurar que la intención del Gobierno es cumplir con los plazos para la puesta en marcha de los planes de modernización tecnológica, de digitalización y los incrementos salariales acordados en 2023. Además detallaron las líneas de trabajo.
Los responsables ministeriales tranquilizaron a las asociaciones sobre el posible incremento de la carga de trabajo de los juzgados de violencia de género tras trabajar con datos concretos que permitan una proporcional conversión de los juzgados de instrucción. El equipo ministerial confía en la mediación para rebajar la litigiosidad y defendió el importante gasto realizado hasta ahora en medidas de eficiencia frente a las acusaciones de que se trata de una Ley sin previsión presupuestaria.
Las asociaciones hicieron hincapié en la necesidad de crear más plazas judiciales y fiscales para paliar la sobrecarga de trabajo, señalándo que el incremento anunciado de cuatro o cinco veces más plazas no dependerá de la Ley, sino de la voluntad del Gobierno, remitiéndose el equipo ministerial a la falta de presupuestos.
También se pusieron sobre la mesa algunos errores materiales al diseñar la ley y problemas de técnica jurídica en la regulación de los juicios rápidos, así como dudas sobre los plazos de implantación, el incremento salarial pendiente y otras cuestiones relativas a los sustitutos y a las plantillas de funcionarios.
La reunión transcurrió con cordialidad, según indicaron los representantes de las asociaciones, y ambas partes quedaron emplazados para seguir hablando. Las asociaciones aseguran que el Ministerio de Justicia encontrará la colaboración honesta de las asociaciones, pero también la firmeza en defender los intereses de la carrera judicial y fiscal por encima de todo.
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