MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado tomara declaración como testigos este jueves a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, dentro de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos al difundir datos sobre el pacto que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofreció al Ministerio Público.
Ambos tendrán que dar cuenta de las comunicaciones que mantuvieron durante la noche del 13 de marzo, en las horas previas a la publicación de las informaciones que recogían la nota de prensa en la que la Fiscalía desvelaba el cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto para dejar sentado que fue la representación legal del empresario la que ofreció un pacto admitiendo haber cometido dos delitos fiscales, y no al revés.
Estas declaraciones llegan una vez que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras los registros en la Fiscalía General del Estado están sobre la mesa del magistrado. En esos informes queda patente que el móvil de García Ortiz no tenía mensajes registrados durante esa semana ya que, según el fiscal general, se borraron por motivos de seguridad.
Con posterioridad, se conoció que García Ortiz había cambiado de móvil después de saber que estaba siendo investigado por el Supremo. El juez ha ordenado la localización del dispositivo y el volcado de los menajes que se puedan recuperar de esas fechas. También se ha realizado el volcado del contenido del celular de la fiscal jefa provincial de Madrid, y el análisis del móvil aportado voluntariamente por el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato tras su declaración como testigo.
Además, la pasada semana, el instructor tomó declaración al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoció haber distribuido a un grupo de WhatsApp en el que había más de medio centenar de periodistas un mensaje en el que trasladaba el bulo de que fue el Ministerio Público el que ofreció un acuerdo a González Amador.
El pasado lunes el magistrado citó a declarar como investigados por delito de revelación de secretos al fiscal general del Estado, para el día 29, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para el día 30. El instructor tomó la decisión al considerar apuntalada la presunta participación de ambos en los hechos delictivos y llega a apuntar en su auto la posible participación de La Moncloa en los hechos.
Además, el magistrado acordaba extender la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, al que citaba para el 5 de febrero. La sospecha sobre el número dos de la Fiscalía es porque se podría “haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal (CP)”.
El novio de Díaz Ayuso presentó una querella contra el fiscal general del Estado por la nota de prensa difundida a las 10.20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos entre su defensa y el fiscal de delitos económicos de Madrid, en los que queda claro que la oferta de pacto partió de la defensa del empresario que ofreció reconocer dos delitos fiscales y el pago de 525.000 euros a cambio de una condena de ocho meses de cárcel que no supondría su entrada en prisión.
González Amador se querelló contra el fiscal general por revelación de secretos en el caso. El Ministerio Público respondía con esa nota a la información publicada por el diario ‘El Mundo’ el 13 de marzo a las 21.29 horas, en la que se decía que fue la Fiscalía la que ofreció el acuerdo. Esa publicación es considerada un “bulo” por la Fiscalía, que decidió desmentirla.
El Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre por esos hechos y descartó que hubiera delito en la difusión de esa nota de prensa, puesto que la información que contenía ya estaba publicada en los medios. Ahora investiga la filtración de los emails a la prensa durante la noche del 13 de marzo.
El magistrado ha citado también como testigos los responsables de comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía General del Estado, que tendrán que comparecer el próximo 21 de enero.
Este mismo martes, la Fiscalía de Madrid ha respondido al recurso de González Amador contra la decisión de la jueza de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, de ampliar con otros posibles delitos la investigación que inició contra él en marzo pasado por fraude a Hacienda.
El Ministerio Público considera en su escrito que el empresario podría abre pagado “una comisión encubierta de medio millón de euros” a la mujer del presidente de Quirón Prevención simulando la compra de una empresa con exiguo valor comercial por medio millón de euros, por lo que defiende que se le impute un delito de corrupción en los negocios.
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