Los grupos municipales apuestan por que la ciudadanía conozca la viabilidad del sistema de pensiones
GIJÓN, 15 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una Declaración Institucional en la que se exige al Gobierno de España que no dilate más en el tiempo la elaboración del Informe de la Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, que está contemplado en la Ley 21/2021.
Este informe tiene por objeto que “la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que está desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de bienestar”, se indica en el Declaración Institucional.
En este sentido, en la misma se indica que ya van tres años sin que el Gobierno central haya cumplido el mandato que le imponía la disposición adicional sexta de la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, que a final de diciembre del año 2021 exigía un Informe de Auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.
También se recalca que, hasta el primer Pacto de Toledo en 1995, la Seguridad Social había estado pagando el déficit de la sanidad y de los servicios sociales, además de las prestaciones contributivas.
A partir de entonces, se estableció el “principio de separación de fuentes de financiación” con lo que se iniciaba el camino para que la Seguridad Social asumiera las prestaciones contributivas y el Estado el resto, un proceso que, a pesar de las medidas adoptadas, “todavía no está cerrado”, se señala en el texto.
Desde la Corporación gijonesa se pone de manifiesto que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que se publicó en 2020 estimó a la baja, al no disponer de toda la documentación que requería para poder afinar, en 103.690 millones de euros la financiación que la Seguridad Social había aportado al resto de administraciones entre 1967 y 2018 para cubrir conceptos no contributivos.
Además, se señala que esos 103.690 millones de euros, calculados sin unos intereses que deben calcularse con varias décadas de aplicación (un estudio de CCOO sube esa cifra a más de 500.0000 millones, y según un Informe de Economistas Frente a la Crisis en 800 mil millones), resultan netamente superiores a los 41.194 millones en los que en aquella fecha se cifraba la deuda de la Seguridad Social según los datos del Banco de España y, también, a los 99.184 millones de la última actualización con registros del mes de julio de 2022.
A esto añaden que, de la misma manera, rebasan con creces los 88.995 millones que suman los pasivos financieros (préstamos) que la Seguridad Social, según su propio estudio financiero, ha asumido en los últimos seis años, procedentes principalmente (en torno a 60.000 millones) de la Administración central.
En la Declaración Institucional se incide, asimismo, en que desde los años 90 se viene anunciando “la inminente quiebra de la Seguridad Social”, por tener un sistema de pensiones público solidario de reparto.
“Todavía es el día de hoy que se pretende confundir a la sociedad infundiendo este temor, a pesar de que el Gobierno Central y el Tribunal de Cuentas han admitido que miles de millones de la Seguridad Social fueron a cubrir gastos impropios”, se remarca desde la Corporación, que ve importante, por ello, el conocer el citado Informe de la Auditoría.
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