El departamento de José Carlos Gómez Villamandos planteará a las universidades públicas reclamar al Gobierno de España fondos europeos no ejecutados que “se canalizarían a través de un Perte”
SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía mantiene este tarde, a las 17,00 horas, una reunión con los rectores de las universidades públicas andaluzas en la que pedirá a las instituciones académicas, entre otros asuntos, “nuevas propuestas para la autorización del uso de remanentes en 2025”. Encima de la mesa de negociación, los rectores mantienen su reclamación –que han advertido que exigirán incluso por “vías legales”– de cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno andaluz en materia de financiación.
Los rectores demandan el abono de 50 millones de euros, que según sus cifras, adeuda la Junta por el modelo de financiación “vigente” y por lo rubricado por la Consejería de Universidad, Investigación y Innovación, las organizaciones sindicales y las universidades públicas en materia de complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI) temporal y para la carrera horizontal del Personal de Gestión y Administración (PTGAS).
Además de la financiación, el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos va a plantear a las universidades públicas que, conjuntamente, reclamen al Gobierno de España financiación a través de fondos europeos no ejecutados. “La propuesta se canalizaría a través de un Perte universitario”, aclaran fuentes de la Consejería a Europa Press, al tiempo que explican que quieren contar con los rectores para “solicitar conjuntamente el impulso de distintas infraestructuras universitarias a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep)”.
La Junta informará en la reunión del estado de tramitación de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) y buscará que quede patente además el “apoyo” de la Administración autonómica a los funcionarios públicos de las universidades “afectados por el tema de Muface” –las aseguradoras privadas que prestaban hasta ahora el servicio han decidido dejar de hacerlo y no presentarse a la renovación del contrato–.
Igualmente, trasladará a los rectores la necesidad de “mejorar las propuestas presentadas” para la convocatoria de microcredenciales; reclamará al Gobierno la “falta de financiación” a los campus de Granada en Ceuta y Melilla; pedirá a los rectores ir de la mano para pedir al Gobierno que “dé marcha atrás con la eliminación de la convocatoria de 31 millones para proyectos de I+D en Inteligencia Artificial”; el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación y mostrará su “apoyo” a las universidades en lo referente a las convocatorias posdoctorales, “especialmente con lo sucedido con los contratos Margarita Salas y María Zambrano”.
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